viernes, 20 de marzo de 2015

La complacencia religiosa de nuestros gobernantes nos cuesta a los ciudadanos casi 19.000 millones de euros.



La iglesia católica recibe del Estado 14.169.862.030  millones de los presupuestos generales del Estado, y la exención de impuestos que se le aplica, por no pagar el IBI o el IVA, suponen, según cálculos de algunos expertos, otros 5.000. millones. Todo en base a un acuerdo rubricado por el gobierno de Suárez en 1979, que no era sino la actualización de un Concordato firmado por el régimen dictatorial y nacionalcatólico del dictador Franco.

Hoy mismo, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacía profesión de fe religiosa, sin que nadie se lo preguntase y sin venir a cuento, a propósito de la desafortunada comparación de uno de sus asesores de Hacienda entre Cáritas, la ONG vinculada a la Iglesia Católica y el PP, al argumentar que ambas organizaciones procuran el bien común. No es Montoro el primero en proclamarse católico y practicante, otros miembros del gabinete de Raxoi hicieron en el pasado alardes que rayaron en lo esperpéntico, al invocar santos o vírgenes para solucionar la crisis económica, como hicieron en su día Fátima Báñez, ministra de Empleo, o Fernández Díaz, ministro del Interior, que llegó, además, al ridículo de condecorar a un santo de palo.

Sin esos alardes de devoción tampoco la generosidad de los gobiernos socialistas de Felipe González o Zapatero fue muy distinta. Los socialistas se plegaron con sumisión a las exigencias de la secta vaticana y nunca se atrevió a acabar con el Concordato o a hacer una ley de Libertad Religiosa que dejara a la secta católica fuera de su actual lugar de privilegios. Con la llegada al poder del PP, cuyos ministros se reconocen creyentes más allá del ámbito privado, la situación de la iglesia católica ha mejorado, porque la complacencia del gobierno de Raxoi es de casi total sumisión. Mansedumbre que deja de serlo cuando se encuentran con que si se pliegan a los deseos de la Conferencia Episcopal pueden perder votos, como sucedió con el caso del aborto. Sin embargo, cuando se trata de disparar con pólvora del rey, o de poner en manos de la secta los dineros de los ciudadanos, el Gobierno de Raxoi se muestra generoso.

De las arcas públicas saldrán en 2015 14.169.862.030 de euros, de los que 160 millones que van directamente a la Conferencia Episcopal, procedentes de lo que marcan los contribuyentes católicos para que se destine a esa secta. Si los aficionados al cine impusieran que similar cifra se donase a producir películas, o los amantes de los animales impusiesen que esa cantidad de millones se destinasen a protectoras, muchos españolitos, seguramente de los que están encantados que su dinero vaya a la confesión católica, pondrían el grito en el cielo, porque, se supone, los impuestos que pagan todos los ciudadanos, y más en tiempos de crisis, han de ir a sufragar los gastos más necesarios para los ciudadanos, como la Sanidad, la Enseñanza o las prestaciones sociales, de las que se detraen esos millones de euros para satisfacer la avaricia de una secta que, en una democracia real, tendría que sufragarse por sus propios medios, como hacen el resto de  religiones, o de asociaciones de todo tipo.

Además de los 160 millones que recibe la Conferencia Episcopal para su boato, pagar lujos o caprichos como el ático de Rouco Varela, disfraces recamados en oro, manifestaciones contra la libertad de los ciudadanos o cualesquiera otros caprichos episcopales, el Estado paga a la secta católica los sueldos de 20.005.300 sacerdotes y religiosas que, si se calcula que las personas que visten hábitos cobran una media de 700 euros mensuales, da una cifra de 14.003.710.000 que paga, religiosamente, el Estado.

A esos 14.163.710.000 euros, hay que añadir los 6.152.000 euros que paga el Estado a los profesores de religión que elige la Iglesia para impartir doctrina en los colegios, a cargo de los ciudadanos. O los 30 millones que cuestan al erario los capellanes castrenses que atienden cuarteles, cárceles y otras instituciones. En total 14.169.862.030 euros.

Aunque las prebendas de la secta católica a costa del erario, esto es, de toda la ciudadanía, profese o no la fe católica, no acaban en el dinero que reciben de las arcas públicas, sino en lo que deja de abonar en impuestos, una cifra que, aunque el Gobierno de Raxoi se niega a dar, la cifran algunos expertos en 3.000,000.000 por no pagar el IBI, otros 2.000.000.000 por estar exentos de abonar el IVA en transacciones comerciales como la venta de entradas de monumentos en manos de la secta católica y una cifra indeterminada de lo que deja de ingresar a Hacienda por las herencias que recibe con frecuencia de fieles que dejan a esa secta su patrimonio.

En total, entre lo que no ingresa a las arcas públicas y lo que el Estado paga la Iglesia, en forma de subvenciones o sueldos, la secta católica cuesta al país la nada despreciable cifra de 19.169.863.030 euros. Una suma con la que se hubiera evitado el recorte sanitario o el obligado repago de medicamentos. Y con la que se podrían haber costeado 560.000 casos de hepatitis C.

Mas en este país, gobernado unas veces por beatos y otras por cobardes, a los ciudadanos se les roban los dineros de las arcas públicas para ponerlo en manos de la secta católica, tal que si estuviésemos aún en el medioevo.

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