La
iglesia católica recibe del Estado 14.169.862.030 millones de los presupuestos generales del
Estado, y la exención de impuestos que se le aplica, por no pagar el IBI o el
IVA, suponen, según cálculos de algunos expertos, otros 5.000. millones. Todo
en base a un acuerdo rubricado por el gobierno de Suárez en 1979, que no era
sino la actualización de un Concordato firmado por el régimen dictatorial y
nacionalcatólico del dictador Franco.
Hoy
mismo, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacía profesión de fe
religiosa, sin que nadie se lo preguntase y sin venir a cuento, a propósito de
la desafortunada comparación de uno de sus asesores de Hacienda entre Cáritas,
la ONG vinculada a la Iglesia Católica y el PP, al argumentar que ambas
organizaciones procuran el bien común. No es Montoro el primero en proclamarse
católico y practicante, otros miembros del gabinete de Raxoi hicieron en el
pasado alardes que rayaron en lo esperpéntico, al invocar santos o vírgenes
para solucionar la crisis económica, como hicieron en su día Fátima Báñez,
ministra de Empleo, o Fernández Díaz, ministro del Interior, que llegó, además,
al ridículo de condecorar a un santo de palo.
Sin
esos alardes de devoción tampoco la generosidad de los gobiernos socialistas de
Felipe González o Zapatero fue muy distinta. Los socialistas se plegaron con
sumisión a las exigencias de la secta vaticana y nunca se atrevió a acabar con
el Concordato o a hacer una ley de Libertad Religiosa que dejara a la secta
católica fuera de su actual lugar de privilegios. Con la llegada al poder del
PP, cuyos ministros se reconocen creyentes más allá del ámbito privado, la
situación de la iglesia católica ha mejorado, porque la complacencia del gobierno
de Raxoi es de casi total sumisión. Mansedumbre que deja de serlo cuando se
encuentran con que si se pliegan a los deseos de la Conferencia Episcopal
pueden perder votos, como sucedió con el caso del aborto. Sin embargo, cuando
se trata de disparar con pólvora del rey, o de poner en manos de la secta los
dineros de los ciudadanos, el Gobierno de Raxoi se muestra generoso.
De
las arcas públicas saldrán en 2015 14.169.862.030 de euros, de los que 160
millones que van directamente a la Conferencia Episcopal, procedentes de lo que
marcan los contribuyentes católicos para que se destine a esa secta. Si los
aficionados al cine impusieran que similar cifra se donase a producir
películas, o los amantes de los animales impusiesen que esa cantidad de
millones se destinasen a protectoras, muchos españolitos, seguramente de los que
están encantados que su dinero vaya a la confesión católica, pondrían el grito
en el cielo, porque, se supone, los impuestos que pagan todos los ciudadanos, y
más en tiempos de crisis, han de ir a sufragar los gastos más necesarios para
los ciudadanos, como la Sanidad, la Enseñanza o las prestaciones sociales, de
las que se detraen esos millones de euros para satisfacer la avaricia de una
secta que, en una democracia real, tendría que sufragarse por sus propios
medios, como hacen el resto de
religiones, o de asociaciones de todo tipo.
Además
de los 160 millones que recibe la Conferencia Episcopal para su boato, pagar
lujos o caprichos como el ático de Rouco Varela, disfraces recamados en oro,
manifestaciones contra la libertad de los ciudadanos o cualesquiera otros
caprichos episcopales, el Estado paga a la secta católica los sueldos de 20.005.300
sacerdotes y religiosas que, si se calcula que las personas que visten hábitos
cobran una media de 700 euros mensuales, da una cifra de 14.003.710.000 que
paga, religiosamente, el Estado.
A
esos 14.163.710.000 euros, hay que añadir los 6.152.000 euros que paga el
Estado a los profesores de religión que elige la Iglesia para impartir doctrina
en los colegios, a cargo de los ciudadanos. O los 30 millones que cuestan al
erario los capellanes castrenses que atienden cuarteles, cárceles y otras
instituciones. En total 14.169.862.030 euros.
Aunque
las prebendas de la secta católica a costa del erario, esto es, de toda la
ciudadanía, profese o no la fe católica, no acaban en el dinero que reciben de
las arcas públicas, sino en lo que deja de abonar en impuestos, una cifra que, aunque
el Gobierno de Raxoi se niega a dar, la cifran algunos expertos en 3.000,000.000
por no pagar el IBI, otros 2.000.000.000 por estar exentos de abonar el IVA en
transacciones comerciales como la venta de entradas de monumentos en manos de
la secta católica y una cifra indeterminada de lo que deja de ingresar a
Hacienda por las herencias que recibe con frecuencia de fieles que dejan a esa
secta su patrimonio.
En
total, entre lo que no ingresa a las arcas públicas y lo que el Estado paga la
Iglesia, en forma de subvenciones o sueldos, la secta católica cuesta al país
la nada despreciable cifra de 19.169.863.030 euros. Una suma con la que se
hubiera evitado el recorte sanitario o el obligado repago de medicamentos. Y
con la que se podrían haber costeado 560.000 casos de hepatitis C.
Mas
en este país, gobernado unas veces por beatos y otras por cobardes, a los
ciudadanos se les roban los dineros de las arcas públicas para ponerlo en manos
de la secta católica, tal que si estuviésemos aún en el medioevo.
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