lunes, 29 de diciembre de 2014

Los recortes matan más en España que el ébola en África: Catorce mil muertos por la falta de medicamentos, suicidios por la crisis y pobreza energética.



Sovaldi: El nombre no es el un dios inmarcesible, un mito o una poción mágica. Es el del carísimo específico que salva la vida a los enfermos de Hepatitis C, algunos de ellos contagiados de esa enfermedad en hospitales públicos a causa de transfusiones de sangre infectada. En España 35.000 personas enfermas de Hepatitis C dependen de ese medicamento para salvar sus vidas, pero el Ministerio de Sanidad ofrece el tratamiento a solo 6.000. 

El resto es posible que muera por falta del caro medicamento, porque el tratamiento completo puede alcanzar cerca de los ochenta mil euros. El problema es un escándalo en toda Europa, dado que el laboratorio que lo descubrió y comercializa, lo hace a un precio absolutamente inasequible. Hace unas semanas, el Parlamento europeo debatió y votó una moción para obligar a los laboratorios a abaratar el precio; el PP, junto con otros partidos neocon, votaron en contra. El negocio es el negocio, y antes que las vidas humanas están las cuentas de beneficios para los partidos conservadores al servicio del capitalismo salvaje. 

Grupos de pacientes, como la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C,  acusan al Ejecutivo de dejar morir a "12 personas al día por no dispensar la medicina". El Ministerio se defiende intentando quitar importancia a la eficacia del medicamento, para justificar su racanería a la hora de destinar fondos para salvar las vidas de treinta y cinco mil ciudadanos a los que condena, literalmente, a muerte. 

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, afirmaba hoy en el programa ‘Las mañanas de Cuatro’ que, en este caso el Gobierno de Raxoi está perpetrando un crimen de Estado. No se quedaba corto el político cántabro; dejar morir a treinta y cinco mil enfermos por no facilitarles un medicamento es, indudablemente, un verdadero crimen, un auténtico genocidio silencioso, inadmisible en un país supuestamente civilizado. Si hay dinero para rescatar bancos o autopistas no se entiende, ni tiene justificación posible, que se deje morir a personas enfermas a causa del precio de un medicamento.  

Los 35.000 enfermos de Hepatitis C no son los únicos ciudadanos españoles que se vienen dejando la vida por las políticas de un Ejecutivo al que se puede calificar de genocida, dado que a sus espaldas también tiene las muertes de personas que se quitaron la vida a causa de los desahucios perpetrados por bancos estafadores, o los muertos de frío en la calle porque no tenían techo donde cobijarse o aquellos que fallecieron por enfermedades causadas, o agravadas, por la pobreza energética. 

Los medios, siempre complacientes y colaboradores con el capitalismo salvaje, no proporcionan datos sobre el número de suicidios a causa de los desahucios, aunque sí se sabe que es la primera causa de muerte de nuestro de país, por encima de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o los accidentes de tráfico. Sí se conocen las muertes producidas a causa de la pobreza energética. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen cada año el 30% de las muertes adicionales en invierno, por agravamiento de enfermedades previas. Tomando esta tendencia, si en 2012 se produjeron 24.000 muertes adicionales en invierno, más de 7.000 de esos fallecimientos se produjeron a causa de la pobreza energética.

Así, la Asociación de Ciencias Ambientales, consideraba el pasado año que siete millones de españoles, el 17% de los hogares, tuvieron dificultades para pagar las facturas energéticas al tener que destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir esos pagos, y cuatro millones, hasta un 9% de las familias, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío. Los jubilados que no pueden calentar sus hogares pasaron el pasado año del 13% al 21%. La CAC apuntaba en ese estudio que la crisis y el desempleo, que ronda el 26% y que, según la mayoría de las previsiones, se mantendrá cerca del 25% al menos hasta 2015, agravaron la situación en los últimos años, dado que entre 2008 y 2014 el aumento de los costes de la energía se elevó cerca del 50%. La energía eléctrica alcanza en España el precio más alto de toda la UE. 

Las estadísticas señalaban el pasado año que a lo largo de 2013 el número de suicidios se había incrementado en 11%, hasta llegar 3.532. Suponiendo que tan solo la mitad se quitase la vida por causas económicas o por perder su vivienda o sus negocios, el número de elevaría a 1.766 personas. Si a eso se sumasen los muertos en la calle por falta de un techo donde cobijarse –dato del que tampoco existen cifras porque la prensa ‘amiga’ del poder suele ocultar esos datos- el número de personas fallecidas a causa de los desahucios bien podría alcanzar, sino sobrepasar, la de 2.000 personas. 

Sumando las muertes por Hepatitis C, que los afectados cuantifican en 12 al día, suponen 4.380 al año, más siete u ocho mil fallecidos a causa de la pobreza energética y los dos mil que se quitaron la vida al perder su casa o fallecieron sin techo, el número de víctimas de las inhumanas políticas del PP alcanzaría a cerca de 14.000 ciudadanos. Un número inadmisible en cualquier país, y más en uno de la supuestamente civilizada Europa.

Las ONG calculan que los muertos por ébola en África occidental se acercan a los 8.000. En España, los fallecidos a causa de la las políticas neocon de un Gobierno que no toma medidas para garantizar la vida de los ciudadanos, y solo se ocupa en legislar en beneficio de las grandes empresas y bancos, o medidas salvajes y antidemocráticas para impedir las protestas de un pueblo condenado a un genocidio silencioso, afectan a 14.000 personas. 

Lo que no se entiende es que la UE permanezca indiferente a una situación de verdadera alarma y no adopte medidas para obligar al Ejecutivo de Raxoi a facilitar el Sovaldi a los afectados por Hepatitis C, imponga la imposibilidad de desahuciar a los ciudadanos o que las empresas eléctricas corten la luz en invierno e impida el recorte de libertades formales que pretende imponer el Ejecutivo. 

Porque si la UE no toma medidas para evitar tamaño genocidio, que mata más que el ébola, cabe preguntarse para qué carallo estamos en la UE.

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