El ascenso de Podemos: ¿Fin del bipartidismo neoliberal impuesto en la transición?

La prensa recoge hoy la resaca producida por la encuesta del CIS del mes julio en la que se mostraba –a pesar de las muy cocinadas consultas del Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente de Presidencia del Gobierno- el imparable ascenso de Podemos y la bajada espectacular de PP y PSOE que, ni juntos, superan el 51% en intención de voto. Tampoco partidos como IU o UPyD, que bajan substancialmente, parecen entusiasmar a un electorado que está cansado del clima de corrupción, injusticias, impunidad y latrocinios que protagoniza la vida política desde hace décadas, pero, sobre todo, desde que estalló una crisis creada por los que están consiguiendo beneficios de ella, en tanto el pueblo sufre, cada vez con mas intensidad, el empobrecimiento y la pérdida de derechos. 

Las noticias, que llegan con distinta fuerza a según qué ciudadanos, dan cuenta de verdaderos desafueros perpetrados por una casta dirigente que parece no tener más objetivo que su propio enriquecimiento. Así las cosas los ciudadanos empiezan a dar la espalda a los partidos tradicionales, y miran con esperanza a Podemos, cuyo programa presenta alternativas plausibles a un estado de cosas insoportable. 

La lista de abusos es larga: las empresas energéticas, nacionalizadas por los gobiernos de González y Aznar, representan uno de los sectores en el que más evidente se ve la connivencia deshonesta entre políticos y empresas privatizadas que no hacen sino empobrecer, e incluso llevar a la muerte a las víctimas de la pobreza energética, en tanto sus directivos se forran descaradamente a cuenta del llamado ‘déficit tarifario’ que no parece sino pensado para chupar la sangre de los usuarios mientras engorda las cuentas de los miembros de sus consejos de administración, de los que forman parte dos expresidentes del Gobierno; Felipe González y José María Aznar, y no pocos exministros de ambos y de los gobiernos de Zapatero que, de momento, no ha pasado por la puerta giratoria de la política a los Consejos de Administración. 

Desde que comenzó la crisis las empresas energéticas reparten cientos de millones entre sus consejeros. Así los miembros de los consejos de administración de las tres mayores eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa) percibieron una retribución global de 180,655 millones de euros desde que comenzó la crisis en 2008, hasta 2012 y otros 426.000 el pasado año. Eso, aunque algunas de ellas estén en pérdidas, y a las que el Gobierno de Raxoi autorizará, para el segundo semestre de 2014, una subida del 18% a causa de un déficit tarifario que no es sino una monumental estafa. Al tiempo el Gobierno acaba con las energías renovables para seguir permitiendo las trampas de las subastas de tarifas y las maniobras con las reservas hidrográficas para hacer subir el precio de la electricidad, que es la más cara del mundo. Y, además, se niega rotundamente a cualquier sistema de moratoria en el cobro de recibos por muy precaria que sea la situación de los usuarios. Si alguien debe un recibo le cortan la luz, sin importar, incluso, que necesiten de la energía para mantenerse vivos por medio de un respirador. 

La Reforma Laboral, aprobada por el PP, supuso la quiebra del contrato social existente durante decenios para dar vía libre a las aspiraciones de un empresariado explotador y esclavista, que tan solo busca un desaforado enriquecimiento a costa de empobrecer al pueblo. La brecha social se ha convertido en una sima desde que gobierna el PP, y las cúpulas empresariales hacen su agosto al percibir 70% veces el importe del sueldo medio de sus empleados. Y por si no fuese suficiente, esos mismos empresarios suelen defraudar al fisco, al igual que muchos políticos, dejando exánime el erario, de forma que no se puede atender las necesidades del país en Enseñanza, Sanidad, Dependencia y Prestaciones sociales, porque los escasos ingresos, procedente de los trabajadores, se utilizan para pagar la enorme deuda que el Gobierno asumió rescatando bancos y cambiando a traición la Constitución para poner por delante lo intereses de los especuladores alemanes a los de los ciudadanos españoles. 

Los técnicos de Hacienda denuncian que en la nueva Reforma Fiscal el Gobierno no contempla la lucha contra el fraude. Decisión que no es de extrañar si se atiende a la lista de defraudadores que hace unos meses publicaba el New York Times, en la que se incluían a personajes tan conocidos como Emilio Botín y su familia, junto con nombres de la vida política y empresarial como José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Narcís Serra, Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Solchaga, Josep Piqué, Rafael Arias-Salgado, Pío Cabanillas, Isabel Tocino, Jordi Sevilla, Josu Jon Imaz, José María Michavila, Juan Miguel Villar Mir, Anna Birulés, Abel Matutes, Julián García Vargas, Ángel Acebes, Eduardo Serra y Marcelino Oreja entre otros 569 políticos, empresarios o banqueros que se llevan el dinero a paraísos fiscales sin declararlo, evitando así contribuir con su dinero al mantenimiento de las arcas públicas.

El enriquecimiento de algunos políticos que amasaron fortunas robando lo público, ya fuera a través de comisiones por contratos concedidos a dedo, que encarecían su volumen para así poder satisfacer las comisiones del 3% por ciento, como acusó en su día Maragall a CiU –y seguramente se quedó corto- no fue un problema solo de Catalunya y de los Pujol. El latrocinio ha sido generalizado en lugares como el País Valencià, Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía… Los casos de fraudes a lo público, de tramas de políticos y empresarios se multiplican: Gürtel, Bárcenas, Pokemon, Brugal, los ERES de Andalucía, Emarsa, y mil y un casos más, ligados en infinidad de ocasiones a la trama del ladrillo y de la especulación urbanística que, en muchas ocasiones, fueron la causa de la quiebra de las Cajas de Ahorro, cuyos rescate hemos de pagar los ciudadanos, porque, cuando la Sanidad, la Educación, el Sistema de Empleo o la Justicia y otros servicios públicos son privatizados y cuestan el dinero a los ciudadanos, lo único que sigue siendo público y cargándose a las espaldas del pueblo es la Deuda, ilegítima en gran medida, que se obliga a costear con unos impuestos que se detraen de las necesidades de la población. 

Ante ese estado de cosas, con la corrupción extendida por todo el país como un chapapote de indecencia y latrocinio, el robo de derechos, que se vienen hurtando sistemáticamente desde que comenzó la crisis, la inoperancia de unos políticos que parecen trabajar únicamente en bien de la plutocracia y sus intereses privados, el pueblo está harto de gestores públicos que se creen, más que designados por pueblo para servirles, sátrapas dueños del dinero y las libertades de los ciudadanos. 

Con un panorama así, y la inoperancia de unos partidos de oposición supeditados también a los intereses de la banca, a la que deben ingentes cantidades de dinero que, con frecuencia les son condonadas; una secta católica que se cree con derecho a imponer sus dogmas como leyes, con la anuencia de partidos que jamás se atrevieron a plantarle cara, un ejército que constituye otra casta corrupta que castiga a quien se atreve a denunciar sus lacras, una prensa vendida a los intereses financieros y una justicia en muchos casos podrida y supeditada a los intereses y deseos de la extrema derecha y los corruptos, el país necesita un cambio radical, un soplo de aire fresco que limpie toda la podredumbre que se viene respirando desde que, aprobada la Constitución, se implantó un sistema de castas y privilegios que, a pesar de invocarla constantemente, incumplen en cuanto a derechos y libertades, y que necesita, como tantas otras instituciones, una modernización urgentemente. 

El bipartidismo inoperante, la banca y las grandes empresas explotadoras, la corrupción y los privilegios son lacras que han ido creciendo en los casi cuarenta años de falsa transición, que no fue sino un cambio aparente para que todo siguiera igual que en la dictadura. Y los ciudadanos, cansados de tanta mentira, tanto servilismo capitalista y tanta injusticia, lógicamente ponen la mirada en un partido que se compromete a cambiar una sociedad irrespirable e injusta, cuyos dirigentes son gente preparada y comprometida que ofrecen un programa que, por mucho que la caverna clame que es irrealizable, supondría el cambio imprescindible que este país necesita para salir de la crisis y recuperar la dignidad para sus ciudadanos. 

Lo que no se entiende es que algunos se sorprendan de que Podemos suba en intención de voto y bajen dos partidos, el PP y el PSOE que, durante los últimos años, no hicieron otra cosa que bajar la cerviz ante la banca y la oligarquía empresarial, ya fuera autóctona o europea.