Desahucios, exclusiones, abusos, injusticias: Así gobiernan las Administraciones del PP.

Lo sucedido hoy en la calle Ofelia Nieto, del madrileño barrio de Tetuán, recordaba más a las actuaciones del ejército sionista en Gaza que a lo que pueda suceder en la capital de un país democrático: agentes de la Policía Local, pertrechados como antidisturbios, acompañaron a una excavadora que acabó derribando el edificio del número 29 de esa calle, sobre el que pesaba una orden de desahucio desde hace meses, después de agotar todos los recursos posibles, y que el Tribunal Supremo diese luz verde a una expropiación, que más parece un latrocinio organizado, que la decisión de una administración justa. 

 

Las tres familias que ocupaban esa vivienda no debían ni un euro a ningún banco, ni al Ayuntamiento, ni la Seguridad Social. Pero la administración municipal a cuyo frente está la señora (?) Ana Botella, y un empresario imputado en varios casos de corrupción, Enrique Ortiz, que figura en los sumarios de Gürtel y Brugal, habían puesto los ojos en el solar que ocupaba el edificio. Y con la ayuda de unos jueces que tal vez no calibraron el problema, o si lo calibraron prefirieron cerrar los ojos a la Justicia, se permitió el desahucio de una familia a la que el Ayuntamiento arrebató su vivienda con el pretexto de que necesitaba seis metros para la acera, y por lo que se ofreció a pagar poco menos de cuatrocientos mil euros por el solar en el que Enrique Ortiz construirá viviendas de lujo que le proporcionarán pingües beneficios. La Policía Municipal se presentó casi de madrugada, acompañada de una excavadora, que acabó destruyendo el edificio después de detener a varios activistas, e incluso acusarlos de haberlos rociado con gasolina, cuando lo único que vertieron sobre ellos los vecinos fue agua. 

El derribo del edificio de la calle Ofelia Nieto número 29 es el ejemplo del modo actuar de una administración cuyas decisiones lesionan a los ciudadanos abusando de ellos, imponiendo su voluntad, sin pensar en las consecuencias o en las tragedias humanas que generan, preocupados tan solo por los beneficios que obtienen ellos o sus amigos. 

Durante toda la legislatura de Raxoi el Gobierno se negó a la dación en pago, y a una ley de segunda oportunidad que ahora, cuando se ve con un pie fuera del poder, intenta vender a los ciudadanos, engañándolos, porque nunca tomará medida alguna que pueda perjudicar a la oligarquía. Los desahucios de primeras viviendas se producen a diario y a cientos, dejando en la calle a familias con bebés, a ancianos, a personas discapacitadas. Todo le da igual a una administración que solo piensa en término de beneficios económicos, los suyos o los de los bancos y grandes empresarios, cuyas ganancias acabará revirtiendo en ellos en forma de sobres. 

“Como ya han robado todo lo gordo ahora van a robar a los indefensos”. La frase pertenece a un discapacitado, usuario de un Centro de Día de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, después de que el Consell  decidiera que los usuarios de tales centros tenían que pagar tasas de hasta setecientos euros, con recargo de hasta el 20% si no las abonaban en tiempo y forma, en base a sus ingresos e ignorando sus gastos. Tanto da que la persona a la que cobran tenga una hipoteca o tenga que, con su pensión, mantener a varios hijos en paro. Manu militari, el Consell pidió el número de cuenta de quienes usan esos centros, y sin avisar, viene cargando cifras astronómicas por el uso de unos centros que, de haber decencia en los gobernantes que despilfarraron el dinero público en grandes premios automovilísticos, edificios faraónicos y latrocinios varios, no cobraría ni un céntimo. El asunto es tan escandaloso que hasta el Sindic de Greugues –el Defensor del Pueblo valenciano- ha abierto una investigación de oficio para frenar el abuso.

Y es que las administraciones del PP, ayuntamientos, comunidades o central, no reparan en la gente sino es para explotarla, succionarle la sangre sin el menor miramiento, y sea cual fuere su situación económica, social o de salud. 

Así la Comunidad de Madrid excluyó de su sistema de citas sanitarias a más de 6.000 menores, la mayoría hijos de inmigrantes que, como consecuencia de esa decisión, decenas de niños, de entre tres meses y tres años, fueron privados de atención primaria normalizada por una decisión que SOS racismo calificó de “arbitraria y discriminatoria”. Si los padres de esos niños no pueden sufragar lo que desde el Gobierno pretende que abonen los inmigrantes, contraviniendo todos los tratados internacionales y los Derechos Humanos, a las administraciones les da igual que los niños vivan o mueran porque dejaron de ser células fecundadas, que es lo que para el PP y la secta católica es la única vida que hay que proteger. Lo que buscan es que la gente, aunque no tenga de donde sacar el dinero para pagarlo, abone las facturas que benefician a las sociedades médicas de sus amigos, a las que quieren proporcionar ganancias. 

En el pasado año fallecieron 4.000 mil personas por falta de la medicación que puede curar la hepatitis C que, de no tratarse, acaba en cirrosis y la muerte. El Gobierno español estuvo negando esa medicación durante toda la legislatura y solo ahora, a pocos meses de las elecciones, anuncia que podrán tener acceso a ella una parte de los afectados. Incluso en las redes sociales, trufadas de la presencia de trolls al servicio del Gobierno, trasmitieron, con que los enfermos de hepatitis C habían adquirido la enfermedad por ser drogadictos, homosexuales o promiscuos. Obviando que muchos de los enfermos lo son por contagio a través de sangre infectada que la sanidad pública no controló, dando un mensaje de intolerancia y clasismo.  

Los organismos internacionales alertan del incumplimiento de los Derechos Humanos por parte de las administraciones del PP en diversos aspectos, como el trato inhumano a los inmigrantes, a los que se expulsa sin garantías jurídicas y muchas veces esposados, drogados y maltratados, en vuelos que cuestan mucho más que lo que supondría proporcionarles asilo. 

Con las elecciones a la vuelta de la esquina las diversas administraciones dicen ir a tomar medidas que suavicen sus abusos y carencia de empatía por los más débiles. Mas hechos como los narrados en este artículo ponen en evidencia la catadura de unos políticos que solo quieren el poder para beneficiarse y beneficiar a sus amigos. 

Se dice que ayuntamientos, comunidades o gobierno central son la Administración que, como su nombre indica, tiene como misión redistribuir adecuadamente los bienes públicos. Aunque los políticos que padecemos tan solo administran lo que hay en su propio beneficio. Para los ciudadanos solo hay injusticia, abusos y latrocinios.