El arbitrario uso del erario: Cómo juega el Gobierno con el dinero de los ciudadanos y cómo se podría emplear según Podemos

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se entrevistó el pasado lunes con los representantes sindicales para explicarles la Reforma Fiscal y, sorprendentemente,  la reacción de lo sindicalistas fue tan indiferente ante el nuevo abuso que pretende perpetrar el Ejecutivo de Raxoi con las cuentas públicas que hace pensar que, o la prensa se entera mejor de cuanto pretende llevar a cabo el Gobierno, o los líderes sindicales deberían abdicar de sus funciones porque fallan mucho a la hora de defender los derechos de los trabajadores. 

 

En un país en el que las rentas del trabajo superan en casi el doble a las del capital a la hora de pagar impuestos y los trabajadores con sueldos bajos pueden llegar a cotizar el 24% de su salario, al tiempo que las grandes fortunas cotizan menos del 50%, o lo hacen al 1% usando esas trampas que son las SICAV, el Gobierno de Mariano Raxoi está pensado en bajar impuestos a los ricos y a las grandes empresas, lo que supondrá dejar de ingresar al erario 7.000 millones. Para paliar pérdidas el Ministerio de Hacienda hace cábalas sobre la posibilidad de cobrar impuestos a los parados que perciban más de dos mil euros en concepto de despido, concepto que hasta el presente no cotizaba. Por su parte, el Ecofin - El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE -, que se reunirá el día 20 de este mes, recomienda al Gobierno español que rebaje las cotizaciones de las empresas a la SS, suba el IVA y dé una nueva vuelta de tuerca a la Reforma Laboral. Todo ello para reducir el déficit –que a principios de 2014 alcanzaba la cifra de 77.377 millones de euros- que la UE exige se reduzca hasta el 2% en 2016. 

Hasta qué punto juega el Gobierno con el dinero público da una idea la manera en la que se distribuye sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos. No hace falta ser un avezado economista, ni tan solo economista a secas, para saber que podrían tomarse medidas que indica el sentido común que harían que el déficit público se redujese notablemente, sin necesidad de cargarlo en las espaldas de los ciudadanos/trabajadores. Si se suprimiese un organismo tan inútil para la vida democrática como el Senado, el erario se ahorraría 51.9 millones de euros. Eso sí, habría un montón de políticos que dejarían de percibir sueldos que van desde los cerca de nueve mil euros mensuales del Presidente, a los cuatro mil de cualquier senador. Otros organismos que, de desaparecer, ahorrarían una notable cantidad de dinero serían las Diputaciones provinciales que suponen un gasto que ronda los veintidós mil millones.

Otro capítulo significativo es el que emplea el Gobierno en gastos militares y de seguridad, un total de 32.342 mil millones de euros. Solo en inversiones estrictamente destinadas a infraestructuras y personal – hay que señalar que España no está en guerra con ningún país- los PGE de 2013 destinaron 27.659 millones a gastos destinados alos ejércitos, a los que hay que sumar partidas de otros ministerios que igualmente se destinan a ese objeto, y que suman otros dos mil millones. Casi tres mil millones de euros más que los que el Gobierno dedica a políticas de Empleo y Seguridad Social. 

Otro apartado de gastos abusivos, que suponen un verdadero atraco a las cuentas públicas, es el que se destina a la secta católica. Y es que aunque algunos afirmen que el dinero que percibe esa institución religiosa es el que los ciudadanos eligen que vaya a ella, hay que destacar que se detraen de partidas que podrían asignarse a otras, de no existir el abusivo Concordato con la Santa Sede. La cifra alcanza los 13.000 millones de euros. A los que hay que sumar 94 millones de euros que el Gobierno emplea en pagar a los profesores de Religión –católica- que la LOMCE ha hecho obligatoria; el casi millón de euros en costear los sueldos de capellanes castrenses y de prisiones, o la indeterminada cifra, que ronda los dos mil millones de euros, de dinero que dejan de entrar en las arcas públicas, porque esa institución no abona ni el IBI, ni el IVA en ocasiones. El Gobierno destina otros 430 mil millones a pagar Centros Religiosos Concertados o quinientos millones en obras de conservación del patrimonio de la iglesia que se mantiene con fondos del erario público. Lo que no evita que la iglesia cobre entrada en esos mismos monumentos financiado con el dinero de todos. 

Si el Ejecutivo ahorrase las cifras citadas no solo no existiría déficit público, sino que habría un superávit de más de 50.000 millones de euros. Que bien podrían subir algo de no gastar el Ejecutivo 50 millones de euros al año en botellines de agua mineral para reuniones o 8.000 millones en pagar asesores designados a dedo para tejer redes clientelares. 

Cuando los dirigentes de algunos partidos políticos, sobre todo del PP, pero no solo, llaman demagogos, populistas y carentes de sentido de la realidad a los dirigentes de 'Podemos', por hablar de que otra economía es posible, mienten a la ciudadanía. Se puede emplear el dinero público de modo que no se la prive de sus derechos. Bastaría con no destinarlo a cuestiones superfluas. Y si, además, se llevase a cabo una Reforma Fiscal progresiva –como precisamente dice la Constitución que ha de hacerse- se podrían renacionalizar todas las empresas públicas que sucesivos gobernantes privatizaron a capricho, para garantizarse un futuro rentable a través de las puertas giratorias. Y si a esas cifras de macroeconomía se sumase todo el dinero defraudado y escondido en paraísos fiscales, la economía de este país sería una de las más saneadas de Europa, en lugar de estar en la cola de la renta per cápita, en este momento en índice inferior a la de 1977, ni los trabajadores españoles serían los peores pagados y los que mas trabajan de toda la UE. 

No hace falta ser un experto en economía para darse cuenta de que no es no haya dinero, sino que quienes disponen de él, arbitrariamente, están exprimiendo a una ciudadanía que debería reaccionar ante tanto abuso de autoridad y exigir que se dé un uso racional a lo que es de todos, sin permitir que unos cuantos autócratas dispongan veleidosamente de los dineros de todo un pueblo.