Según ha podido saber esta bloguera de fuentes
próximas a militares de los cuarteles del País Valencià, el Ministerio de
Defensa lleva más de año y medio dotando a cuarteles de la región militar de
València de una ‘exagerada cantidad’ de material antidisturbio. La confirmación
de ese hecho le llegaba a la autora de este artículo a propósito de la noticia
publicada anoche por el digital ‘Público’ que informaba de que el ejército se
entrena “para actuar como antidisturbios”.
Según señala el digital: militares de un regimiento
acorazado en València fueron instruidos durante dos semanas en ejercicios de “control
de masas" sin que se les explicara por qué recibían esa
formación. "Según los mandos, hay que estar preparados para todo, y
más en los tiempos que corren" les dijeron. Sin embargo, y como ha podido saber
este blog, la medida no es de ahora,
sino que estaba siendo preparada desde hace año y medio, con la compra de una
cantidad de material que “supone un gasto que no se entiende en estos tiempos
de crisis” según manifestaron fuentes propias.
Desde el Ministerio de Defensa se pretexta que la
razón del gasto y el entrenamiento se debe a que existen unidades que, dentro
del marco de la OTAN o de la ONU, unidades militares españolas entrenan a cuerpos
policiales de otros países. No obstante,
la realidad es que Defensa viene aumentando las unidades de Policía Militar,
prácticamente desaparecida desde que se eliminó el servicio militar
obligatorio, y está entrenando también a la UME –unidad creada por el Gobierno
de Zapatero para que interviniese en catástrofes naturales o incendios- en tácticas propias de cuerpos policiales
para mejorar su capacidad de intervención en revueltas civiles, ya que no se espera la participación de tropas
españolas en misiones internacionales en un futuro próximo.
La medida, absolutamente
ilegal e inconstitucional, supone una vuelta de tuerca a la obsesión represora
de un Gobierno que actúa de facto como una dictadura militar que aprueba leyes
como la Mordaza, que pretende impedir las movilizaciones ciudadanas y la
capacidad de los medios de comunicación para informar de ellas. Hasta el
extremo de que Amnistía Internacional, que desde que se conoció el borrador de
la Ley Mordaza la está denunciando como una clara vulneración de los derechos
ciudadanos, añade ahora que supondrá también una intolerable persecución de los
periodistas, ya que la ley autoriza a la represión de los informadores por
parte de las fuerzas de seguridad, con
violencia o a través de sanciones que pueden llegar hasta los treinta mil
euros.
No se puede dudar de
que, a la vista de tales medidas, el Gobierno de Raxoi está decidido a
implantar en el país una férrea represión muy similar a la que se padeció
dictadura fascista de Franco, de la que el PP, además de admirador, es hijo
putativo.
El conocimiento de esas
medidas de represión brutal que planea el Gobierno de Raxoi, poniendo en manos
de los militares el mantenimiento del orden público, no se sabe si responde al
temor de que las fuerzas de seguridad asuman que son pueblo igual que los
manifestantes y se nieguen a llevar a cabo las represoras medidas que quiere
imponer el Ministerio del Interior, o si se está preparando, de cara a un más
que posible triunfo de Podemos en las elecciones que le llevara a La Moncloa y
que el PP estaría tramando frustrar a través de un Gobierno de coalición con el
PSOE, y reprimir militarmente las protestas que generaría tal fraude democrático.
Lo cierto es que resulta
inquietante que un Gobierno supuestamente democrático pretenda hacer uso del
ejército para evitar protestas ciudadanas, máxime cuando se trata de una medida
que la UE se supone no ha de tolerar, dado que el organismo supranacional prohíbe
terminantemente que cuerpos militares intervengan en asuntos de orden público.
De hecho, cada año y desde que España entró en la UE, viene sancionando con
multas millonarias a los sucesivos gobiernos de la pseudodemocracia a causa del
mantenimiento de la Guardia Civil, porque se trata de un cuerpo de seguridad
militarizado.
Parafraseando una
canción que el
Gobierno de Adolfo Suárez utilizó, para la campaña del referéndum de la reforma
política de 1976, una pegadiza canción del grupo Jarcha que todos los que
éramos jóvenes entonces recordamos y que, aunque algunos no votásemos en una
consulta que nos pareció una estafa democrática, como así ha confirmado el paso
de los años, tatareamos con frecuencia. Su título y su estribillo repetían
machaconamente: Habla pueblo, habla. Ahora el PP pretende imponer un ‘calla
pueblo calla’ con medidas antidemocráticas.
Al cabo de 38 años la estafa de la transición que
comenzaba cuando se popularizó la canción de Jarcha, permite que un gobierno
filofascista imponga el ‘calla pueblo calla’ a millones de españoles que
quieren pronunciarse sobre la independencia catalana y la decisión de poner en
grave riesgo las costas canarias y su principal fuente de ingresos, el turismo,
los recortes o la corrupción.
Y es que mismo día en el que el Constitucional,
controlado por el Gobierno que colocó como presidente a uno de sus militantes y
cuenta con mayoría conservadora entre sus magistrados, prohibía la consulta
catalana del 9N y el referéndum en Canarias convocado para que los ciudadanos
se pronuncien sobre unas prospecciones petrolíferas que algún día se sabrá qué
aportan al ministro de Industria José Manuel Soria.
Al tiempo, el Ministro del Interior, que hace ya
semanas envió más de cuatrocientos antidisturbios a Barcelona dice esperar que
los Mossos d’escuadra cumplan con su deber y prohíban la consulta. Es mucho
esperar que las fuerzas dependientes del Govern catalán, que es el convocante,
vayan a reprimirla. Más posible es que se produzcan altercados entre los
antidisturbios y los mossos.Una situación que nadie quiere, excepto un
gobierno fascistoide que parece empeñado en envenenar la situación poniendo una
mordaza a los ciudadanos impidiéndoles que expresen sus opiniones; tal como
hacen los dictadores, escudándose en el cumplimiento de una Constitución que en
absoluto cumple en el resto de sus artículos.
El Gobierno de Mariano Raxoi, especialista en
echar gasolina al fuego, bien podría haber dejado que se celebrase la consulta,
que no era vinculante, en lugar de exacerbar a los catalanes, muchos de los
cuales no hubiesen votado a favor de la independencia de celebrarse el referéndum
pero que ahora claman por su derecho a expresar libremente sus opiniones.
Otro tanto sucede en Canarias, donde se juegan su
futuro económico por la insistencia del Ministro de Industria, José Manuel
Soria, de convertir las costas canarias en un campo petrolífero que acabará con
la flora y la fauna marina y, muy posiblemente, con la economía de las islas,
dado que los propios responsables de Repsol, la empresa agraciada por la
obcecada decisión de Soria, han reconocido que, de realizarse prospecciones
petrolíferas podrán producirse vertidos.
El Gobierno y el partido que lo sustenta, el PP,
no quiere que el pueblo hable, ni en Catalunya, ni en Canarias, ni en ninguna
parte. No quiere que la ciudadanía se exprese porque sabe que, como en todas
las dictaduras, y este Ejecutivo actúa como si de facto lo fuese, cada vez que
se exprese lo hará en contra de sus imposiciones. Y es por eso por lo que está
dispuesto a utilizar cualquier medio, como la de hacer uso del ejército para
reprimir a la ciudadanía, como en las más negras épocas de la dictadura.
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