Bankia, Gürtel, ladrillo, tamayazo, demasiadas concomitancias para ser casualidad.

La crisis, que en un principio los políticos del PP y la corifea prensa cavernaria se empeñaron en atribuir a que los ciudadanos habían vivido por encima de sus posibilidades, se está desvelando como una premeditada operación de saqueo a las arcas públicas del que cada día se disponen de más datos. Según se van colocando las piezas del puzle más claro se percibe que, en la gestión de la ruina de este país, existen demasiadas concomitancias como para poderlas atribuir a una mera casualidad. 

 

Cuando se repasa la historia reciente de lo sucedido resulta sorprendente constatar cómo cada decisión del entonces Gobierno de Aznar tuvo que ver con el desarrollo de una descomunal estafa que, en el presente, se va desvelando como lo que realmente fue, la asociación de un grupo de malhechores para hacerse con el dinero y los bienes públicos en su propio beneficio. 

Esta es la secuencia de hechos que, interrelacionados entre sí, dibujan el retrato del saqueo: En 1996, recién llegado a La Moncloa, José María Aznar imponía a Miguel Blesa de la Parra –amigo y compañero de estudios, y el máximo responsable de la ruina de la entidad y de la estafa de las acciones preferentes y subordinadas- como presidente de Caja Madrid. Dos años después, en junio de 1998, su Gobierno aprobaba la Ley de Liberalización del Suelo, que daría lugar a la locura del ladrillo y la consiguiente burbuja inmobiliaria que acabó siendo uno de los factores que influyeron en la crisis financiera de cajas y bancos que está costando a los españoles más de 66.000 millones de euros. 

En 1996 empieza a funcionar lo que años más tarde sería considerado la ‘trama Gürtel’, una serie de empresas que, según las investigaciones judiciales, financiaron al PP, a nivel nacional y en comunidades autonómicas tan señaladas por la corrupción como Madrid o el País Valencià. El ‘capo’ de esa trama, Francisco Correa, alias Don Vito, se lució arrogante en la boda quasi real de la hija Aznar, junto con otros corruptos –aunque no todos- que acabaron dando con sus huesos en la cárcel.  

En 2003 se celebran elecciones autonómicas en Madrid y las gana el socialista Rafael Simancas que pacta con IU para arrebatar el poder al PP, que se había quedado, igualmente,  a dos escaños de la mayoría. Para estupor de los propios socialistas, y de la mayoría de los ciudadanos, a la sesión de investidura de Simancas no acudieron dos diputados socialistas: Eduardo Tamayo y Mª Teresa Sáenz. Las elecciones se repitieron y las ganó Esperanza Aguirre, que, desde entonces y hasta el presente, dominó la Comunidad de Madrid, que se ha visto afectada por no pocos casos de corrupción, el último el escándalo del caso Punica, que mantiene en prisión al exvicepresidente y exsenador Francisco Granado, actualmente en la cárcel por su relación con el citado caso de corrupción. 

Aseguran que detrás del llamado ‘tamayazo’ estaba no solo el PP sino una serie de empresarios y especuladores del ladrillo que no podían tolerar que las decisiones de Simancas arruinasen sus negocios.  La investigación del caso se ahogó en ríos de tinta, y el que fuera ministro de Justicia de Zapatero, Mariano Fernández Bermejo, denunció posteriormente, que se le prohibió actuar como fiscal de Madrid en ese caso. Años después, en 2013, y en el transcurso de la investigación del Caso Gürtel, la policía descubrió en uno de los ordenadores de Luis de Miguel, imputado en el sumario de la trama como uno de los presuntos blanqueadores del dinero de Correa, que conducía al tamayazo. El documento, fechado en el año 2002, era una copia informática de un contrato de venta de acciones de una sociedad del grupo de Correa, Gestión y Equipamientos Deportivos SL, creada, según la propia trama, para hacer negocios con la Universidad Complutense. Quien figuraba como comprador era el ex gerente de esa universidad, Dionisio Ramos, a quien el escolta de Eduardo Tamayo señaló ante un juez, en 2005, como persona vinculada al encargo que recibió de proteger al diputado tránsfuga tras el tamayazo.

Al tiempo, en el País Valenciá, gobernado por el PP desde 1995, la fiebre del ladrillo, que destruyó la mayoría del litoral del Regne de València, acabando casi por completo con cualquier espacio de costa virgen, involucró en sus proyectos faraónicos a la CAM –Caja de Ahorros del Mediterráneo- que se integraría, junto con Caja Madrid y otras entidades de ahorro de comunidades gobernadas por el PP, en la ruinosa Bankia, de la que, cada día, se conocen nuevos detalles del latrocinio perpetrado por sus directivos y consejeros. Créditos ruinosos a proyectos faraónicos, tarjetas fantasmas, indemnizaciones millonarias e ilegales, y toda una fétida serie de acciones que causaron la ruina de las Cajas y del país, mientras unos malhechores, casi todos pertenecientes al PP, aunque también con la colaboración, el silencio y la complicidad de socialistas y sindicalistas, se hacían de oro. 

Viendo la secuencia de hechos y las fechas de todo lo acontecido en este país en los últimos treinta años, a poco que no se esté ciego o se sufra de una infantiloide ingenuidad, se ve claramente qué y quienes, aprovechándose de la impunidad del poder, asaltaron, con la palabra democracia en la boca, las arcas del Estado. 

Cuando Carlos Solchaga –ministro de Economía y Hacienda de Felipe González- presumía de que en este país la gente se podía hacer muy rica y en muy poco tiempo, estaba consagrando la corrupción y la impunidad, la desfachatez de un modo de hacer política para enriquecerse a costa del pueblo. 

Mas las investigaciones judiciales, muchas veces a remolque de las noticias que desvelan medios independientes, están poniendo cara a los culpables del latrocinio. El pueblo está despertando, es consciente de quiénes son los culpables de la crisis y no está dispuesto a perdonarlo. Ni a consentir que siga sucediendo.