El
pasado día 16 el Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil, llevó a
cabo una operación denominada 'Mate' contra miembros del colectivo de abogados
y responsables del aparato económico del denominado 'frente de cárceles' de ETA.
El Ministerio del Interior confirmó en un comunicado que a primera hora de la
mañana de ese día se llevaron a cabo varios registros, entre ellos tres herriko
tabernas de Vizcaya y Guipúzcoa, un céntrico despacho de abogados de Bilbao y
la sede del sindicato LAB en la ciudad guipuzcoana.
Fueron doce los abogados
detenidos en una operación que se desinfló en breve tiempo, cuando el juez Eloy
Velasco –que en su día fue Conseller de Justicia del Govern valenciano de
Camps- puso en libertad a seis de ellos, al tiempo que el fisco de la
Diputación de Guipúzcoa, responsable de la recaudación fiscal de ese territorio
histórico, desmintiese existiera expediente alguno de fraude fiscal contra el
colectivo de abogados.
La
operación contra los letrados de los etarras fue visto desde algunos colectivos
jurídicos y políticos con desagrado, toda vez que en un país democrático, como
lo ha sido este hasta el presente, el derecho de defensa es irrenunciable y
nunca el Ministerio del Interior había cargado de un modo tan generalizado
contra el colectivo de abogados defensores de etarras, y menos, utilizando el
pretexto del fraude fiscal. Incluso el Fiscal Superior de Euskadi se vio
sorprendido por la operación, que calificó de ‘llamativa’, a la vez que
señalaba que “unas detenciones de este calado deben tener mucha justificación”.
Sin
embargo, a tenor de la resolución del juez Velasco, nada sospechoso de
simpatizante, no ya con el independentismo vasco, sino ni tan solo con la
izquierda, la justificación para la contundente operación pareció ser feble y
se desinfló en pocos días, pese a las declaraciones del Ministro del Interior y
la parafernalia desplegada.
Lo
que lleva a preguntarse qué busca el Gobierno de Raxoi removiendo las ahora
calmadas aguas de ETA, que parece se encamina a su disolución, a poco que el
Ejecutivo del PP actuae con cierta inteligencia y algo de mano izquierda; del
mismo modo que hizo en su día Tony Blair en el Reino Unido con los terroristas
del IRA.
El
Gobierno de Raxoi pareciera en ocasiones dispuesto a escarbar en el avispero de
ETA, no se sabe si por deshacer lo hecho por el Ejecutivo de Zapatero, que
seguramente pase a la historia no por sus muchos fallos y su plegarse a la
oligarquía, si no por haber puesto fin a unos asesinatos que, desde la
ultraderecha, parecen echar de menos, porque no cuentan con combustible para
sus ataques a la democracia.
Desde
algunos sectores políticos y observadores extranjeros se coincide en que una
política de acercamiento de presos a Euskadi, o la puesta en libertad de los
enfermos, supondría abrir las puertas a nuevos pasos en la disolución definitiva
de la banda terrorista. Mas el Gobierno de Raxoi parece empeñado, no solo en
cerrar esas puertas, sino en exacerbar la ira de los etarras, provocando un
resurgimiento de la violencia que a todos debería atemorizar.
En
este país tan cainita, rencoroso y negado al perdón, los exabruptos de algunos
colectivos de víctimas, muy críticos con el Gobierno de Raxoi, a pesar de su
obcecada torpeza en manejar el asunto de ETA, que se consideran traicionados -aunque
racionalmente pareciera que no existen motivos para tal postura-, parece
inclinarlo a una deriva muy poco inteligente, a la que se está dejando llevar
por un ánimo electoralista muy peligroso.
No
resulta inteligente agitar las aguas del terrorismo de ETA, a menos que, a la
desesperada -puesto que las perspectivas electorales del PP se van desinflando
por mucho que Raxoi asegure que las encuestas los dan como ganadores de futuros
comicios- busque provocar la violencia etarra para capitalizar el victimismo y,
de paso, acusar a Podemos, como viene haciendo, de filo etarra.
Es
una actitud que no se puede discernir si encierra una obtusa impericia o una
ilimitada maldad.
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