Cuando
en este país se habla de Justicia muchos se preguntan, ¿qué Justicia? Hay días
en los que los ciudadanos miran con perplejidad las decisiones de la llamada
Justicia, teniendo en cuenta cuán diferente es a la hora de aplicarla, según
sean los justiciables. A los pocos días de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas,
hiciese unas declaraciones en el ABC en el que enviaba mensajes subliminales al
PP, la Audiencia Nacional, contra el criterio del juez que instruye el caso, lo
pone en libertad aduciendo que no hay peligro de fuga. Que es el mismo que
existió durante los diecinueve meses que pasó en Soto del Real.
El
caso de Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel, a través de la que el juez
Pablo Ruz descubrió la financiación ilegal del PP, su caja B, las obras de
remodelación de su sede abonadas con el dinero de esa caja y muchas más
irregularidades y connivencias con la trama ‘a título lucrativo’, convirtió el
caso Gürtel en el caso de la financiación ilegal de la formación liderada por
Mariano Raxoi, por mucho que su aparato de propaganda esté repitiendo en los
medios a su servicio –casi todas las televisiones y la totalidad de los diarios
de papel-, que el caso Bárcenas no tiene nada que ver con esa formación que se
considera ‘víctima’ de las golferías del extesorero, a pesar del apoyo
explícito que durante años la cúpula del PP en general, y Mariano Raxoi en
particular, mostraron a Bárcenas.
Ahora,
cuando la Justicia pone el libertad al tesorero, el PP se desmarca de su
extesorero pero afirma, no se sabe si con conocimiento de causa o por optimismo,
que ‘no hablará’, ni hará explotar esa ‘bomba atómica’ contra el partido al que
sirvió durante años con tan lucrativos resultados ¿Existirá algún pacto o
compromiso con el extesorero para que los líderes del PP muestren esa
tranquilidad sobre lo que pueda decir Bárcenas, o será mera propaganda, la
misma que repite machaconamente sobre otras tantas falacias?
Luis
Bárcenas, tras el abono de 200.000 euros que consiguió recaudar en 24 horas, dejará
la cárcel de Soto del Real en régimen de libertad condicional. Resulta
sorprendente que un detenido que tiene todos sus bienes incautados por orden
judicial consiga en tan breve plazo de tiempo esa elevada cifra. Los mal
pensados sospechan que esos miles de euros pudieran haber salido de la misma
caja B con la que se abonó el dinero para la reforma de la sede de Génova 13,
las campañas electorales tramposas y los supuestos sobresueldos de sus
dirigentes, a cambio del silencio del extesorero.
El
mismo día que se acordaba por Audiencia Nacional la puesta en libertad de
Bárcenas, la de Madrid decidía archivar el caso de la fuga con atropello de
agentes movilidad del Ayuntamiento de Madrid, de Esperanza Aguirre, que aún no
se sabe si tendrá que abonar, qué menos, la multa por aparcamiento indebido.
Contrasta
tanta condescendencia judicial con la contundente condena a Alfonso Fernández
Ortega, el joven activista denunciado por la policía como portador de material
inflamable en una mochila durante la Huelga General del 14N de 2012, al que se
le impuso una condena de cuatro años de cárcel, a pesar de que los acusadores
ni siquiera se presentaron en un juicio más parecido a un Auto de Fe de la
Inquisición que al celebrado en un país democrático, en el que el joven fue
condenado a cuatro años de prisión sin más pruebas que lo que dijeron quienes
le acusaban, y que no pudieron demostrar, con pruebas científicas, que la
mochila que dijeron habían intervenido al joven tuviese sus huellas, aunque la
juez diese por buenas las acusaciones policiales.
El
caso de Alfon empieza a tener similitudes con el de Patricia Heras, la joven
víctima de la brutalidad y falta de profesionalidad de la policía de Barcelona,
que dio lugar a un polémico documental, Ciutat Morta, que tras años de silencio
en el presente agita la conciencia de los barceloneses y de muchos ciudadanos
que siguen el caso a través de las redes sociales.
Existe
en este país, sin duda, dos Justicias, una para los políticos y los poderosos
–recuérdese la impunidad de Miguel Blesa o Rodrigo Rato- y otra para la gente
de la calle, para los rebeldes, los sindicalistas o las abuelas que protestan
ante las muchas iniquidades que protagoniza este Gobierno.
¿Justicia?
¿Qué Justicia?
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