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| Gráfico de la encuesta publicada por eldiario.es |
Un sindicalista entra en prisión
tras ser condenado a una pena de tres años y un día por su participación en un
piquete informativo del Movimiento 15M de Granada, en la huelga general del 29
de marzo de 2012 contra la reforma laboral. Una mujer, de 56 años, que
participó en el mismo piquete, lo tendrá que hacer, para cumplir la misma pena,
a finales de este mes.
En Castilla-La Mancha, cinco
personas han muerto esperando a ser atendidas por un equipo médico que nunca
llegó; ya fuese en el servicio de urgencias de los “pasillos del infierno” del
hospital toledano “Virgen de la Salud”, bien a las puertas de un centro de
salud donde un infartado agonizó sin que los profesionales que estaban dentro
le prestaran la debida ayuda, según denunció su mujer. Todo ello como consecuencia
de las medidas sanitarias impuestas por la presidenta de esa comunidad, María
Dolores Cospedal, impertérrita ante esos dramas, muchos de ellos ya en los tribunales.
Los desahucios aumentaron en los seis primeros meses de este año un 19.5%, sin
que los bancos atiendan al código de buenas prácticas ni el Gobierno legisle
alguna medida que impida esos dramas. Por otra parte, el Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia viene perdiendo un total de 3.416 beneficiarios de
promedio al mes en 2014, según el 'XIII Dictamen del Observatorio de la
Dependencia', elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales, que además, suspende a once gobiernos autonómicos en la gestión de la
dependencia.
Dos millones doscientos mil parados,
de los más de seis millones que existen en este país, no perciben prestación
alguna, al tiempo que 800.000 familias no cuentan con ingresos de ningún tipo
porque, ni Ayuntamientos ni Comunidades Autónomas, conceden prestaciones
después de que los corruptos y los ladrones arrasaran con las arcas públicas. El Tribunal Constitucional,
presidido por Pérez de los Cobos, magistrado que fue militante del PP e
inspirador de la Reforma Laboral, consagra el despido libre sin indemnización
durante el primer año, con los votos
favorables de los jueces afines al PP. En los tribunales condenan a penas de
prisión desproporcionadas a sindicalistas y manifestantes, en tanto banqueros ladrones,
políticos corruptos y empresarios estafadores se libran de la cárcel
sistemáticamente.
Las líneas precedentes son la instantánea
de la España del PP, un país donde impera la injusticia y la represión, en el
que la élite goza de privilegios y un aumento de ingresos del 18%, al tiempo
que la miseria se instala en un pueblo harto de una casta política que no hace
sino trabajar para sus propios intereses y a mirarse el ombligo. En esa
situación resulta sorprendente que la derecha mediática y política dé muestras
de asombro ante la subida espectacular de Podemos que, según algunas encuestas,
se sitúa ya como tercera fuerza política detrás de PP y PSOE y por delante de
IU y UPyD.
Una impresión ampliamente extendida
es que el votante de Podemos era un votante joven. Algunas encuestas
postelectorales ponen de manifiesto que Podemos no se nutre solo de votantes
muy jóvenes, sino también de adultos y personas inmersas en una larga
transición a la vida adulta. Tampoco recogen esas encuestas que Podemos, otro
de los análisis que se hicieron tras las elecciones europeas: el a Podemos no
procede de parados sin cualificación profesional, de lo que la despreciativa
élite llama ‘chusma’, porque el grueso de votantes de esa formación son, según
los últimos análisis sociológicos, urbanitas con estudios superiores, personas
sin duda informadas sobre las atrocidades que se padecen en un país en manos de
una oligarquía depredadora.
Los dirigentes de Podemos comparten
las inquietudes y la rebeldía de un pueblo que está siendo machacado
sistemáticamente por las élites. Pablo Iglesias, que intervino en las Mañanas
de Cuatro para hablar de la sentencia del Constitucional sobre la Reforma
Laboral, dio la imagen de un político serio, que, con sus palabras sobre el
cumplimiento de la Constitución y lo que debería ser el honesto funcionamiento
de los defensores de la ley de leyes española, transmitió la idea de que, de
llegar al poder, no representará la quiebra que anuncian los catastrofistas de
la casta política, sino la quiebra de los privilegios de unas élites que llevan
demasiado tiempo explotando al pueblo.
Es lógico que las miradas de la
gente se fijen en una formación surgida del pueblo y cuyo programa contempla
medidas que harían que se cumpliese esa Constitución de la que tanto hablan las
mismas élites que la incumplen sistemáticamente en su propio beneficio.
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