Ley Mordaza: El Gobierno da un paso más hacia la dictadura

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobaba el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para enviarla a las Cortes donde, inevitablemente, será aprobada con la aplastante mayoría del PP. La que todos los sectores sociales y parte de la oposición bautizó como ‘ley mordaza’ supone un paso más hacia la dictadura de facto que quiere imponer el PP. Y que completará, si se aprueba esa ignominiosa medida que el Ejecutivo llama ‘medidas de regeneración democrática’ y que no son otra cosa que la voluntad de garantizarse, junto con las reformas de leyes electorales de las comunidades autonómicas, la permanencia en el poder del ‘partido único’. El PP, evidentemente. 

 

La ley mordaza está hecha a la medida de un partido que desconoce los usos democráticos para impedir las protestas de movimientos ciudadanos, como el 15M, que pone en cuestión las decisiones gubernamentales, la actual y desubstanciada democracia y el poder de los especuladores, bancos y empresarios abusadores. Toda la oposición, jueces, fiscales y abogados vienen rechazando una ley con infinidad de artículos que vulnerarán la Constitución. El más escandaloso de ellos el que deja en manos de la policía la decisión de sancionar, eliminando el papel de los jueces en un estado supuestamente democrático, donde solo ellos están dotados para sancionar a los manifestantes. El Gobierno del PP se puso la venda aún antes de que le saliese el grano que, efectivamente brotó, cuando la Audiencia Nacional exoneró a los manifestantes de Aturem el Parlament, reconociendo a quienes protestan, el derecho a hacerlo, incluso con cierta violencia, para combatir los abusos del poder, tal y como reconocía la sentencia emitida por los jueces Ramón Sáez y Manuela Fernández de Prado y el conservador Fernando Grande-Marlaska:"Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar” 

Las palabras de esa sentencia de la Audiencia Nacional evidencian hasta dónde el Poder Judicial pretende limitar los abusos de gobernantes y policías y por qué el Gobierno pretende apartarlos de la defensa de la represión que pretende llevar a cabo contra la ciudadanía que ose enfrentársele. El presidente del Consejo General de la Abogacía asegura que tiene "aspectos anticonstitucionales", Jueces para la Democracia mantiene que se trata de "un instrumento para poder acallar las críticas sociales" y la Unión Progresista de Fiscales denuncia su "marcado carácter represivo". También se alzaron voces particulares, como la del abogado Jaume Assens, defensor de infinidad de activistas del 15M, de Aturem el Parlament, y autor, junto con Gerardo Pisarello, de 'La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta' y miembro de Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Assens considera que la ley mordaza contiene numerosos artículos inconstitucionales, aunque teme que, de presentarse recursos ante el alto tribunal, estos no prosperen dada que ‘el tribunal es suyo, los magistrados son suyos’. Situación esta que, como otros tantos asuntos, desvela el grado de podredumbre de un régimen en el que se ha perdido la estética de, incluso, guardar las apariencias democráticas, como ya advirtió la UE hace unos meses sobre la ausencia de independencia del poder judicial.

Assens cree que El 15-M y la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) hacen más oposición que muchos partidos políticos, consiguiendo que el miedo cambiase de bando. ‘La carga de deslegitimidad del régimen se ha logrado desde la calle, y ahora lo que se pretende es hacer un cambio de las reglas del juego. Ya lo dijo Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior), se avecinan tiempos recios y que, después de actuar muchas veces con la mano izquierda ahora toca actuar con la mano derecha. La propuesta tiene que ver con lo que dijo el conseller Felip Puig en su día: hay que reinstalar el miedo en el sistema’ manifestó Assens.

Otro abogado, Endika Zulueta, asegura que el Gobierno "teme a los movimientos sociales como agentes políticos con los que tratar de tú a tú y por eso los criminaliza con la excusa de la violencia". Por esa causa la ley mordaza ‘prevé la penalización de conductas que deberían estar amparadas por los derechos fundamentales de manifestación, de reunión y de libertad de expresión. Todo ello forma parte del 'golpe de Estado' al llamado Estado de bienestar protagonizado por los mercados. Ya no hace falta que salgan los tanques a la calle para encontrarnos con una policía altamente militarizada, regida por valores típicos militares y en una situación en la que se criminaliza la legítima protesta política. Se está legitimando la represión policial como una herramienta para resolver los problemas’. Zulueta cree que: "Estamos gobernados por psicópatas, no sienten el dolor que causan", se lamenta y tacha el Código Penal como "el código represivo por excelencia", encaminado a "enjuiciar a la población más pobre y más disidente con la actual situación socioeconómica”. 

Mas aunque el rechazo a la ley mordaza es prácticamente unánime entre jueces, fiscales, abogados, oposición y ciudadanía, el Gobierno de Raxoi aprobará la ley pergeñada desde el Ministerio del Interior por Jorge Fernández, el peor ministro de esa área que ha existido desde el nacimiento de la actual pseudemocracia, que va camino de convertirse en una auténtica dictadura. Sin poder contar con el Tribunal Constitucional, que el PP nombró a su antojo con la pasividad de los grupos de oposición, hasta el extremo de nombrar presidente del alto tribunal a un militante de su partido, solo queda que los diputados de Podemos lleven, a través de una Petición al Parlamento Europeo, o al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, esa ignominiosa ley que acabará con el derecho a la protesta de una población en la que cada día existe más desigualdad, más pérdida de derechos, más abusos, y más corrupción. Todo lo que el Gobierno del PP quiere garantizarse que permanezca incólume, persiguiendo a los ciudadanos que se opongan a tanta miseria y tanta vileza.