Caja b del PP: Dieciocho años burlándose de la democracia.

El PSOE se está pensando pedir la imputación de Raxoi en el caso de los papeles de Bárcenas, que es realmente el de la financiación irregular del PP, durante dieciocho años. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, anunciaba el martes que el PSOE pedirá a la Audiencia Nacional la imputación de los últimos secretarios generales del PP, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, en la citada causa. Mucho ha tardado el partido de la oposición en solicitar algo que debería haber abordado el instructor del caso, el juez Ruz, que no se sabe si no lo hizo por pusilanimidad o porque no existen instrumentos legales para ello. Hay que tener en cuenta que, tanto PP como PSOE, evitaron durante años legislar contra la financiación ilegal de los partidos, que solo hasta hace unos meses no fue considerada delito, y si se incluyó posteriormente fue por los reiterados escándalos de corrupción, que quedará impunes al no poderse aplicar la ley con efecto retroactivo.

El auto de Ruz es concluyente, y demuestra de forma incontestable, la existencia de una caja b que no era, como decía el PP, una caja b de Bárcenas, sino la del partido que gobierna en la actualidad, y que estuvo financiándose ilegalmente desde 1990 a 2008, que se sepa. El auto sobre los papeles de Bárcenas, que es el de la financiación ilegal del PP, por mucho que los dirigentes de ese partido -o asociación de malhechores si se demuestra cuánto defraudaron y robaron, no solo en dinero, sino en dignidad y democracia-, lo nieguen. Sobresueldos y compensaciones, compras de sedes, y, lo que es más grave democráticamente hablando, financiación ilegal de campañas electorales, en las que jugaron con ventaja con otros partidos cometiendo un fraude democrático que tendría que obligar a dimitir a todo el actual gobierno y los de las comunidades autonómicas que financiaron campañas electorales que les proporcionaron mayorías absolutas, como es el caso del esquilmado País Valenciá.

Hay que remontarse a abril de 1990, cuando Alianza Popular que, a partir de la celebración de un congreso celebrado en esas fechas, se llamaría Partido Popular, en cuyo transcurso entroniza como líder máximo a un antipático individuo llamado José María Aznar. A partir de esas fechas, el que llegaría a presidir el gobierno de la nación desde 1996 a 2004, emprende una dura campaña de oposición alzando la bandera de la honradez frente a la corrupción del PSOE. Corrupción real en ocasiones y en otras fabricada a mayor gloria del nuevo líder del PP, que levanta con fuerza la bandera de la dignidad, la honradez y la ética en la política, al tiempo que su partido creaba una red de financiación ilegal que, según el auto del juez Ruz, se extendería hasta 2008, y que hace sospechar que haya continuado hasta el presente.

Durante esos dieciocho años de financiación ilegal con dinero en b, procedente de donaciones de particulares, siempre grandes empresarios, el PP estuvo estafando a la democracia y a los ciudadanos. Y por mucho que Ruz no haya podido demostrar que las donaciones de los empresarios correspondían a la concesión de contratos públicos, o incluso leyes que les favoreciesen, haría falta ser de una ingenuidad infantil para pensar que los millones regalados al PP lo fueron por simple simpatía ideológica. Esos empresarios también se irán judicialmente de rositas por las mismas causas que los políticos corruptos: porque no era delito cuando perpetraron las inmoralidades.  

El dinero obtenido de forma fraudulenta –millones sin cuantificar- permitió una estafa democrática. Las elecciones que se celebraron en este país fueron una burla a los ciudadanos, y la constatación de que no vivimos en un régimen democrático, sino en una monumental farsa en la que los políticos de los dos grandes partidos, ya que el de la oposición transigió con ella, representaron una mala comedia, en la que hicieron creer a toda una nación que el voto que introducían en la urna servía de algo.

Con la caja b nutrida de dinero negro el PP pagaba sobresueldos, compensaciones a sus dirigentes si dejaban, de cara a la galería, sus trabajos o negocios, para dedicarse a la política, un oficio que, con tanta contabilidad en negro, resultaba sumamente rentable.

La connivencia entre PP y PSOE hizo posible que los delitos perpetrados por el PP –por dirigentes que tienen nombre y apellidos, se llaman José María Aznar, Mariano Raxoi, Ángel Acebes y Mª Dolores Cospedal, entre otros- vayan a quedar impunes, ya sea por prescripción de delitos como la financiación ilegal de campañas electorales o la falsedad contable, o, porque durante lustros, que un partido político se financiase ilegalmente no era delito, porque ambos estuvieron de acuerdo en protegerse las espaldas.

Hoy mismo de nuevo, PP y PSOE, se pusieron de acuerdo para paralizar una propuesta de reprobación contra Aznar por sus negocios en Libia, presentada por  la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Y es que, como se dice en frecuencia en el argot periodístico, ‘perro no come carne de perro’.

Aunque el PSOE anuncie que se está pensado pedir la imputación de Raxoi ¿por qué no la de Aznar?, en el caso de la financiación ilegal, es posible que se lo piensen mejor y no pidan nada. Habrá llamadas telefónicas cambalaches y cambio de cromos. Y una vez más los dos grandes partidos se reirán del pueblo que, ingenua o torpemente, los vota comicios tras comicios.

Aunque, como dice una frase colgada en las redes sociales ‘quienes votan a corruptos no son víctimas sino cómplices’.