Las trampas del Gobierno con las Energías Renovables.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha visto obligado a reconocer que decidió el drástico recorte de la retribución de las renovables, aprobado el verano pasado, "exclusivamente" a partir de su propio trabajo, sin contar con los informes de dos consultoras externas a las que contrató: Boston Consulting Group y Roland Berger. La trampa se  conoció por la documentación que el Ministerio se vio obligado a entregar al Tribunal Supremo, tras los recursos presentados contra el decreto que redujo la retribución a las energías renovables, a las que el Ejecutivo recortó 3.000 millones el pasado año, antes de que las consultoras a las que había solicitado los mencionados informes los hubiesen entregado. 

 

La trampa del Ministerio pone en pie de guerra a La Unión Española Fotovoltaica que acusa al Ministerio de "arbitrariedad y falta de rigor profesional" dentro de su "campaña contra las energías renovables". El portavoz de esa asociación, Jorge Barredo, consideró, además, que con la trampa cometida por Industria "pone de manifiesto la falta de legitimidad y legalidad de la medida y el intento de engaño a la opinión pública en base a unos informes inexistentes en el momento de poner en marcha la actual legislación. Una normativa que supone un recorte retroactivo, e injustificado, a los inversores en energías renovables en España", y señaló que "la forma de actuar del Gobierno, basada en preconceptos y con un cálculo finalista del recorte, está alejada de cualquier rigor técnico y ha puesto en grave riesgo a uno de los sectores más punteros de la industria española, destruyendo la imagen de seguridad jurídica de nuestro país". 

No fue el recorte de los tres mil millones la primera decisión que el Ministerio,  a cuyo frente está José Manuel Soria, lanzó contra las energías renovables, vulnerando las directivas de la UE y  dando lugar a no pocos perjuicios a una industria puntera, que se vio afectada por graves problemas a partir de las prohibiciones y verdadero acoso a las energías limpias.  Desde el principio de la legislatura el Gobierno aprobó más de una decena de reales decretos y varias leyes para cambiar la regulación del sector eléctrico. En teoría, todos ellos tenían como objetivo reducir el llamado déficit tarifario, o sea la diferencia entre los ingresos del sistema y los costes reconocidos – no siempre reales – a las eléctricas.

En el sector eólico se perdieron, desde que llegó Raxoi al Gobierno, una media de tres puestos de trabajo diarios. Además, el hostigamiento a las renovables, que supuso la ruina de empresas y pueblos enteros, dio lugar a una cascada de demandas de inversores extranjeros que costarán millones al erario. Así, en agosto del pasado año, el diario El Mundo publicaba una noticia en la que se cuantificaba en mil millones de euros la avalancha de demandas por parte de  fondos de inversión internacionales con intereses en el negocio de las energías renovables, que interpusieron seis denuncias ante la Corte Internacional del Arbitraje del Banco Mundial por el recorte sufrido en sus retribuciones reguladas tras la aprobación de la reforma eléctrica. 

A propósito de los recortes y franca persecución a las renovables, la asociación ecologista Greenpeace tuvo siempre claro que “el Gobierno utiliza el déficit de tarifa como simple excusa para justificar nuevos recortes retroactivos a las energías renovables, tal como viene exigiendo el oligopolio eléctrico liderado por Iberdrola”. Greenpeace recordaba “que no apoyar a las energías renovables es perjudicar a todo el país, ya que estas energías son la única solución para acabar con la dependencia energética que padece España”. Mas eso poco le importa a un Gobierno que toma las decisiones en función de los réditos económicos que puede conseguir. 

Aparte de las generalizadas puertas giratorias de los políticos de todo color -con las que se garantizan puestos en  consejos de dirección de las empresas energéticas, práctica que vienen llevando a cabo los gobernantes, desde que Felipe González privatizo las eléctricas, y ahora goza de un substancioso pago de miles de euros como consejero de Gas Natural, seguido por Aznar en Endesa, y ministros y altos cargos de PP y PSOE en esas compañías-, no es disparatado suponer que las grandes empresas energéticas algo muy importante ofrecieron al Ministro Soria, al inicio de la legislatura, para que llevase a cabo esa obsesiva y disparatada enemiga a las energías renovables que ha llevado, entre otros disparates, a poner precio al sol, al prohibir el uso de paneles solares por particulares, a los que el Ministerio decidió sancionar con multas de hasta 60.000 euros a quien osara prescindir de la compañías eléctricas y autogestionarse la energía. Además, penalizó a quienes instalaron paneles que gestionan las eléctricas, que pasaron de tener moderados beneficios, a sufrir una brutal penalización impositiva. 

El hostigamiento a las energías renovables no solo pusieron en riesgo la viabilidad de numerosas empresas del sector, sino la salud ambiental del país, y del planeta, porque los productos químicos que se emiten, principalmente en las centrales térmicas de carbón y derivados del petróleo, son transportados por el viento y depositados por las lluvias a miles de kilómetros de distancia de su origen, provocando «la lluvia ácida», causante del deterioro y la destrucción de bosques, lagos y otros ecosistemas y el calentamiento del planeta causado por el efecto invernadero. Por otra parte, las centrales nucleares producen residuos radiactivos de alta actividad (larga vida, alto poder radiactivo), que suponen una amenaza constante para el medio ambiente por la incapacidad actual para gestionarlos.

Tal vez algún día sepamos que, como en el asunto de los terrenos cedidos gratuitamente a los centros educativos concertados, que supusieron millonarios beneficios en mordidas para Francisco Granados, detrás de la persecución a las energías renovables hubo millonarias prebendas para el ministro de Industria y Energía. Ya se ha visto el primer indicio de que se hicieron trampas con unos informes que se ignoraron con mala fe. 

Desde algún partido de oposición ya se habla de prevaricación, y pareciera que lo es, dado que la prevaricación es el delito cometido por que una autoridad, juez u otro servidor público, que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Sería menester que oposición y jueces se pusieran las pilas para descubrir qué se esconde realmente tras la persecución del Gobierno a las energías limpias.