Un año después los medios vuelven a ocultar las Marchas de la Dignidad, con más motivos para manifestarse.

El pasado año, en este mismo blog, se denunciaba el silencio de ciertos medios sobre la convocatoria de las Marchas de la Dignidad, que al final fueron un éxito a pesar de los esfuerzos del Gobierno y la prensa cavernaria para ocultarlo tras una avalancha de falacias en las que se acusó a los manifestantes de agresiones a la policía.

Transcurrido un año, cuando se repite la convocatoria de Las Marchas de la Dignidad, muchos medios reiteran su política de ignorar la convocatoria a la espera, quizá, y como el año pasado, de dar información sobre disturbios y comportamiento salvaje de los manifestantes, criminalizando la protesta social, al seguir así la consigna de un gobierno que, cada día más, se acerca a una dictadura de facto, con la complicidad de las más altas instancias judiciales.

Y es que la represión sobre las protestas ciudadanas empiezan a adquirir caracteres de dictadura al viejo estilo de la franquista, como si en un nefasto viaje en el tiempo, el Ministro del Interior, mediante la aplicación de la muy criticada Ley Mordaza, nos retrotrajese, por la fuerza, a los tiempos de Franco. Cuenta el Gobierno, además, con la complicidad o servidumbre de órganos judiciales que, incumpliendo los principios de garantía de los acusados, ignora sus testimonios, dando validez tan solo a las acusaciones policiales o, incluso, a los escoltas de determinados políticos, para aplicar unas penas absolutamente impropias de una democracia.

Hace tres días el Supremo, presidido por el muy conservador juez Carlos Lesmes, a su vez Presidente del CGPJ, castigaba con penas de cárcel de tres años a los participantes en la protesta contra el Parlament catalá, empleando unos argumentos que le descalifican como demócrata al afirmar que el respeto por las autoridades electas ha de ser superior al derecho a manifestarse de los ciudadanos, por lo que condena a los participantes identificados en la protesta contra los parlamentarios catalanes, motivada por brutales recortes y la destrucción del derecho a una Sanidad de calidad. Esta es la primera vez, en la historia de esta pseudemocracia, que el Supremo impone penas de cárcel sin repetir el juicio y después de haberse negado a escuchar a los imputados.

También un juez de Cantabria, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, intenta que se condene a penas de hasta nueve años de cárcel a un grupo de universitarios que intentaron participar en el programa ‘Tengo una pregunta para usted’ que se celebraba en el campus de la universidad cántabra. El juez dice ver ‘claros indicios de criminalidad’ en el intento de los jóvenes de acceder al acto, e ignora las agresiones e insultos que los estudiantes sufrieron por parte de la policía y los escoltas del Presidente cántabro, Ignacio Diego. En una peculiar forma de administrar Justicia, el magistrado tan solo admitió como pruebas el testimonio de policías, escoltas y del propio Presidente, y se negó a escuchar a los acusados, en una práctica que recuerda más a los juicios sumarísimos del franquismo, que a la aplicación de la Justicia de una democracia.

Sin duda son razones de peso para que la ciudadanía se manifieste reclamando su derecho a la dignidad y a la protesta que, este Gobierno, con la connivencia de jueces partidistas, quiere eliminar.

Motivos para una nueva convocatoria de Las Marchas de la dignidad existen en el presente, tan vigentes como en el pasado año y aún más, porque, sufriendo como entonces la consecuencia de las altas tasas de paro, las intolerables bajadas salarias y pérdida de derechos laborales, junto con el aumento de la brecha social, y la pérdida de derechos sociales, se suman los escándalos de Caja Madrid, o el comportamiento del Ministerio de Hacienda, que está haciendo uso de la Agencia Tributaria y de su personal para uso partidista.

Porque, en el escándalo suscitado por el argumentario escrito por un asesor de Montoro, lo indignante no son las desafortunadas comparaciones del PP con Cáritas o la Cruz Roja, como se empeñaron en mostrar los medios, sino en el uso torticero de recursos públicos puestos al servicio del PP y la pretensión de sus dirigentes de que la Agencia Tributaria se erija en órgano que imparte justicia, al considerar los dirigentes del Gobierno, que es quien decide qué cosa o no es legal, función que corresponde tan solo a los jueces.

Fundamento para manifestarse contra la corrupción, que ha costado a las arcas públicas más de cuarenta mil millones según algunos informes, tendrán los participantes en las Marchas de la Dignidad, dado que cada día el ciudadano se desayuna con un nuevo escándalo que, casi siempre, concierne al Gobierno, al partido que le sustenta, el PP, y sus dirigentes. Cuantos se preguntaban de qué se reía Montoro, cada vez que comparecía ante los medios, pueden dejar de hacer conjeturas: Montoro se reía, y posiblemente seguirá riéndose, de los ciudadanos a los que, a través de su despacho Equipo Económico, esquilmaba impunemente. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas abandonó formalmente el despacho al acceder al Ministerio, aunque nadie podrá asegurar que, de alguna forma, no siga beneficiándose de los pingües negocios que el bufete obtuvo a raíz de la llegada del ministro al Gobierno.

Desde entonces, Equipo Económico –actualmente investigado por la Fiscalía Anticorrupción-, multiplicó sus ganancias. Según avanzan las investigaciones se van descubriendo sospechosos negocios. Hace unos días se averiguó que la sociedad creada por Montoro para asesorar empresas lo hizo con una de las de la trama Gürtel, Everland, dedicada al turismo y la organización de fiestas, propiedad de uno de los procesados en ese escándalo, Jesús Merino, que abonó al despacho de Montoro 116.000 por asesorarle con el fin de reducir el volumen de impuestos que debía abonar a Hacienda.

Hoy, los medios informan de que Equipo Económico se benefició de un contrato de dos millones de euros por asesorar a una empresa pública, Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid, nombre que recibía en ese momento la sociedad que luego se denominaría Madrid Network. La sociedad, que cuenta con más de 700 empresas grandes y pequeñas asociadas, está especializada en “buscar nuevas oportunidades empresariales a través de la innovación”. El presidente de Madrid Network entre 2008 y 2011 fue Antonio Beteta, en aquel momento también consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y ahora secretario de Estado para las Administraciones Públicas, puesto que depende, a su vez, del ministerio de Montoro. Una vez más los dirigentes del PP hicieron uso de lo público para sus beneficios privados.

No acabaría este artículo si se tuviesen que enumerar todas y cada una de las razones para la celebración de las Marchas de la Dignidad. La ciudadanía tiene derecho a reclamar un país digno y libre. Sin corrupción y sin represión, sin injustica social ni abusos laborales. Le va en ello su supervivencia. Y su dignidad.