Elecciones andaluzas: algunas cifras y varias perplejidades

El 35% de los andaluces votaron al partido que lleva gobernando en Andalucía 36 años. No se rompió el bipartidismo como auguraban los más optimistas, se hundió el PP, más la otra pata del bipartidismo, el PSOE, permanece incólume pese a las muchas cosas criticables del partido que gobierna en Andalucía desde que se estableció la Junta. Con una tasa de paro del 31.23%, un 8.38% más que en el conjunto del país, una mayoría de trabajadores agrícolas, 4,5 más que el resto del Estado, y una renta per cápita de 5.37 inferior a la media nacional, con 3,96 médicos por cada millón de habitantes cuando la media española es de 4,84 y separada en casi 4 puntos menos en cuanto a usuarios de Internet se trata, no se puede decir que Andalucía sea una región próspera. 

 

Tampoco es avanzada en cuanto a modernidad. Por ejemplo en cuanto a sentimientos religiosos, porque es la autonomía en la que los alumnos de primaria y secundaria acuden más a clase de religión o se casan mayoritariamente por la iglesia católica, que concita el fervor de numerosas capas sociales, incluyendo políticos de supuesta izquierda, como Susana Díaz que se proclama devota de la Esperanza de Triana y de la Virgen del Rocío, y que fue catequista de joven.  La presidenta andaluza nunca ocultó, sino muy al contrario, hizo alarde de su pasión por la Semana Santa, apareciendo junto a famosos como Antonio Banderas o el reaccionario torero Francisco Rivera. También se proclama, como Felipe González o Alfonso Guerra -que son, según manifiesta, sus iconos políticos-, aficionada a la brutal tortura de las corridas de toros. 

Que Susana Díaz, paradigma de la Andalucía tradicional, reaccionaria y casposa haya revalidado los votos que obtuvo Griñan en los pasados comicios de esa autonomía, a pesar de los escándalos de corrupción como los casos de los ERES o de los cursos de formación, hace reflexionar sobre el anuncio de la supuesta desaparición del bipartidismo. Cuesta trabajo entender cómo una región tan machacada por la pobreza y la corrupción, por mucho que los socialistas no aplicaran recortes tan brutales como los de Raxoi en el resto del Estado, haya podido revalidar el triunfo de un partido que bien poco hizo en asuntos tan dramáticos y lesivos para los ciudadanos como los desahucios, porque hay que recordar que la ley que los paraba, y que representaba un gran avance social, fue elaborada por sus aliados de IU en la pasada legislatura, unos socios de los que Díaz tuvo mucha prisa en deshacerse en cuanto tuvo oportunidad. La ley antidesahucios de la Junta la denunció el PP en el Constitucional, porque según el partido de la banca, hacía daño a las entidades financieras. Declarada inconstitucional por un tribunal en manos de la derecha más complaciente con el PP, fue olvidada en un cajón de la Junta, después de que Díaz cesara a la consejera de IU que la elaboro, y el substituto en esa consejería, del PSOE, ni intentó elaborar una ley que, sin incumplir la Constitución, mitigase los problemas de vivienda de los andaluces. 

Los resultados electorales del día 22 de marzo no dejan lugar a dudas, el triunfo del PSOE, tras 36 años de gobierno en la Junta, son incuestionables, por mucho que causen perplejidad a un buen número de observadores. Aun en el caso de que no se aplicase la reaccionaria Ley D’Hont, que beneficia al partido más votado en detrimento de los que van detrás de él, el PSOE ganó con una diferencia de casi trescientos cuarenta y cinco mil votos por encima de su inmediato seguidor, un PP hundido irremisiblemente y sin paliativos, como se han visto obligados a reconocer los populares que, en otras ocasiones, recurrieron a peregrinos argumentos para negar sus derrotas. 

La contundente, e inexplicable, victoria del PSOE tal vez hubiese sido menos contundente de no aplicarse la Ley D’Hont, porque, a tenor de los votos recibidos, el PP habría obtenido dos escaños más, Podemos hubiera llegado a los 19, Ciudadanos estaría equiparado con IU, porque ambas formaciones contarían con casi el mismo número de escaños. Pero ni aun así, en el hipotético caso de que se hubiese producido una coalición Podemos-IU, hubieran podido desbancar al partido de Susana Díaz. Aunque una coalición de PP y Ciudadanos, sin aplicar la Ley D’Hont, habría dado lugar a una situación de imposible gobernabilidad porque ambos partidos, de derechas, hubieran contando con los mismos votos que la Presidenta de la Junta: cuarenta y siete. 

De lo que no cabe duda es que el electorado andaluz sigue creyendo ingenuamente que el PSOE es un partido de izquierdas, pese al carácter conservador de su presidenta y a las decisiones del anterior gobierno de la nación, con Zapatero al frente. Y que, dado ese concepto de que el PSOE es de izquierdas, sumando Podemos e IU, los andaluces se decantaron mayoritariamente por la izquierda, ya que fueron 2.272.707 ciudadanos los que optaron por ella, en tanto la derecha, representada por PP y Ciudadanos, cosecharon 1.433.153, poco más de la mitad.

Cuesta trabajo aceptar que la castigada Andalucía siga decantándose por el conservadurismo del PSOE, que sacó a pasear como casus belli en las elecciones, asuntos tan frívolos como que Podemos quería suprimir la Semana Santa, o entregar la mezquita de Córdoba a los islamistas, como proclamó Vox, el partido de ultraderecha al que prácticamente ignoró el electorado, al concederle tan solo poco más de dieciocho mil votos. La honradez de Podemos, al hacer balance del resultado electoral, contrasta con la arrogancia de Ciudadanos, que aun habiendo conseguido miles de votos menos, se presenta como el ganador moral de las elecciones contra el bipartidismo. Y es que el resultado de Podemos, que pasa de cero a quince diputados autonómicos, no supone lo que ese partido y muchos ciudadanos andaluces y de todo el Estado esperaban, que los dos partidos clásicos, manchados por la corrupción y la insensibilidad ante dramas como el de los desahucios, se licuaran en una derrota que permitiese cambiar una situación que tendría que ser intolerable, de tener la ciudadanía mejor criterio. 

Es de esperar que el resultado de los comicios andaluces no sea extrapolable al resto del Estado, porque de serlo, diría muy poco del sentido común del pueblo español.