Del 11M a las cesiones de terrenos bendecidas por la LOMCE o los desahucios: Nada sucede por casualidad.

Cuando se produjeron los atentados del 11M, hoy hace once años, el Gobierno de Aznar mintió a la ciudadanía, culpando a ETA, a Marruecos, a Zapatero y a inspiradores que no estaban “en desiertos remotos ni en montañas cercanas” de los cientos de muertos y miles de heridos que se produjeron aquel fatídico día. Con el paso del tiempo se supo que el atentado fue cometido por una célula islamista en venganza por la participación de España en la guerra de Iraq, en la que Aznar había involucrado al país. No se sabía entonces por qué razón. Tuvieron que pasar años para descubrir que los motivos del entonces presidente del Gobierno estaban en que Bush, y su correveidile Murdoch, le ofrecieron substanciosas prebendas económicas, de las que aún sigue gozando. Nada pues de ideología o de principios, no se trataba de defender la civilización occidental, ni la Nueva Europa, de la que hablaba el entonces presidente sin que se le moviese un pelo de su tupido bigote. No. No fue nada de eso, simplemente era una cuestión de dinero, de asegurarse para el resto de su vida una vida muelle, aunque la decisión costase cientos de vidas a los españoles. 

 

Once años después, con tres de otro Gobierno del PP, se desvela de nuevo que el móvil económico es lo que hay detrás de políticas lesivas para los ciudadanos.  Durante mucho tiempo, el actual Ejecutivo, vino justificando la crisis y los cuatrocientos mil desahucios realizados desde que gobierna a que los españoles habían vivido ‘por encima de sus posibilidades’. Desahucios que dejaron tras de sí un rosario de víctimas mortales, ya sea por suicidio, agravamiento de enfermedades o por morir de frío en la calle al carecer de techo. 

También tomó medidas que, a miles de profesores de la Enseñanza Pública y a millones de ciudadanos les costó trabajo entender. El PP emprendió una cruzada contra la Escuela Pública que iba más allá de las necesidades de controlar el gasto. El infame Ministro Wert introdujo, a última hora y sin que pasase por el Congreso, una enmienda en la LOMCE para legalizar la cesión de suelo público a colegios concertados. Especialmente en la Comunidad de Madrid el sindicato CCOO lleva años denunciando que había una planificación sistemática de las autoridades para dejar zonas de extensión urbanística -los nuevos PAU- sin construcción de colegios públicos, con la consiguiente cesión de suelo público a entidades privadas, sobre todo de perfil ideológico ultraconservador. 

Como en el caso de la guerra de Iraq, no se trataba solo de una cuestión ideológica, ni siquiera de beneficiar a los ultraconservadores poniendo en sus manos la enseñanza, con lo que de inadmisible tiene esa postura en un régimen democrático. Detrás de la enmienda de la LOMCE, destinada a consagrar la cesión de suelo público prácticamente gratis a colegios concertados estaba el vil metal, los negocios de un impresentable, Francisco Granados, en el presente afortunadamente encarcelado que, en la Comunidad de Madrid, recibía una mordida de 900.000 euros por colegio construido en terrenos públicos cuyo valor malbarataba, para sacar él su propio beneficio, al otorgar la construcción de los centros concertados a la empresa Alfedel, propiedad de Alfonso Ferrón del Río, que pagaba la mordida al socio de Granados, David Marjaliza, que era el encargado de hacerle llegar las millonarias cantidades a Granados. Cuesta trabajo creer que ese mismo sistema no se haya seguido en todas las comunidades regidas por el PP, en las que, sistemáticamente, se ha puesto la enseñanza pública en manos privadas. Ahora sabemos que, al menos en Madrid, no fue por una cuestión ideológica sino de vil metal.  

En los casos mencionados se pensaba que se trataba de opciones de un gobierno de derecha extrema, decidido a proteger a la empresa privada frente a lo público. Mas aparecen noticias a las que, en ocasiones, la prensa no da demasiada trascendencia, o pasa sobre ellas como si fuesen una anécdota más de ausencia de ética, o de clara corrupción, que parecen afectar tan solo a personajillos impresentables, cuando, en realidad, lo que muestran es que se trataba de orquestadas maniobras del poder para enriquecer a sus miembros. 

Otro asunto, el de los desahucios, que escandaliza a la UE con una la ley Hipotecaria que contraviene la legislación europea, resulta especialmente escandaloso al demostrarse que, tras la persecución a quienes defienden a los desahuciados, con medidas propias de una dictadura bananera, lo que se intenta proteger es el negocio de un determinado personaje: el hijo mayor del expresidente Aznar, José María Aznar Botella, consejero del más importante fondo buitre que se queda con viviendas desahuciadas, procedentes de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, de Bankia, que puso en sus manos más de 12.000 millones de euros de activos inmobiliarios, o de otras entidades que, en todo el país, ceden sus activos problemáticos a la empresa Cerberus Capital Managament, que se refugia en un paraíso fiscal, y que es la beneficiaria de cientos de miles de desahucios.

Así, el hijo del Presidente que metió al país, sin importarle las consecuencias, en una guerra inmoral, ilegal e injusta, se está haciendo de oro con el sufrimiento de cientos de miles de españoles que se ven expulsados de sus casas de modo inhumano. De este modo cobra sentido la acusación de cometer un delito ‘contra las altas instituciones del Estado’, tal como fueron acusados integrantes de la PAH, tres semanas después de que el colectivo protestara en el Pleno de la Junta de Distrito de Moratalaz, y la policía se presentara, quince días después y de madrugada, en las casas de los activistas, para detenerlos a punta de pistola como si de peligrosos delincuentes se tratase. “Son antisistema” justificó la Delegada del Gobierno y candidata  a presidir la Comunidad de Madrid por el PP, Cristina Cifuentes. Antisistema del sistema de corrupción que impera en el país.

En torno a los desahucios se registran abusos que van mucho más allá de la inmisericorde costumbre de desalojar de sus casas a quienes deben alquileres o hipotecas. En la fiebre por hacerse de inmuebles rentables por bajos precios, o de forma gratuita, como es el caso de las viviendas sociales, se producen verdaderos atentados a la legalidad. Hace unos días varios trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda, y una comisión judicial, se presentaban, sin previo aviso, a desahuciar la que ocupaba, desde hacía 23 años Javier Lasso de la Vega, un hombre de 56 años que sufre una minusvalía psíquica valorada en el 65%. Lasso no recibió notificación alguna, ni debía mensualidades del alquiler. El pretexto era que no había renovado el contrato, aunque el firmado por su madre, ya fallecida, era indefinido. El Ayuntamiento argumentó que se le había avisado en numerosas ocasiones pero que no se había dado con él. Extremo que extrañó al protagonista del abuso y a sus vecinos, porque otras informaciones menos trascendentes si llegaban a su buzón. Al final, el desahucio se paralizó por orden judicial, aunque el Ayuntamiento anuncia un recurso.  Entre otras cosas porque el piso de Javier Lasso está en un edificio, el número 24 de la calle Madera de Madrid, que el Ayuntamiento quiere vender a  Renta Corporación, una inmobiliaria de la que fue consejero Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal.

Los desahucios de primeras viviendas aumentaron en los últimos meses de 2014 un 7.4% respecto al año anterior. Porque no es que se desahucie únicamente a familias que no pagan la hipoteca o el alquiler, trasgrediendo las leyes europeas y el fallo del Tribunal Europeo de Justicia, la prisa por desahuciar es tal que en ocasiones, y por error, se desahucia, a familias que no deben nada a nadie, y se procede a desvalijar sus casas, tirar las posesiones de los propietarios a vertederos, con la fiebre irracional de dejar pisos vacíos para que se apropien de ellos determinados fondos buitre. El pasado 24 de febrero desahuciaron de su casa de Gijón a una familia con dos niños, uno de nuevo años y otro de nueve meses, cuando los progenitores se encontraban trabajando. No debían nada. Pero los agentes judiciales se equivocaron de dirección. No es el primer caso en el que una familia se encuentra con que no puede entrar en su vivienda porque han cambiado la cerradura y tomado posesión de su contenido y el continente. Además de en Gijón, similares atropellos se produjeron a lo largo de 2014 en un pueblo de Zaragoza, donde tiraron al vertedero el mobiliario y enseres de los propietarios, y la Audiencia se negó a aceptar la querella presentada por los dueños contra el banco, en Mérida, donde los propietarios llegaron a tiempo de impedir que les tirasen los muebles debido al error. En todos los casos ni el banco que solicitó el desahucio, ni el juzgado que lo autorizó, se hicieron responsables del desaguisado y las víctimas del atropello no recibieron indemnización por los daños causados. Es la lucha del David de la ciudadanía contra el Goliat del poder financiero y político, impune a las tropelías. 

Para el PP son antisistema aquellos que intentan plantar cara a sus abusos. El partido que elabora leyes como la Mordaza, de corte fascista, que asombra e irrita a los ciudadanos y la comunidad internacional, llevaba años luchando torticeramente por volver al poder. No lo hacía por una cuestión ideológica, lo hizo para poder asegurar los negocios de determinados dirigentes dispuestos a forrarse a costa de los ciudadanos, aunque dejen el país sembrado de cadáveres.