Cambio de ciclo electoral: La reacción de la ciudadanía ante el Gobierno del PP.

Una encuesta de Demoscopia para el diario El País, y de la que dieron cuenta prácticamente la totalidad de medios debido a la novedad que supone el giro copernicano en la intención de voto, refleja un absoluto hundimiento del PP que, de celebrarse elecciones generales en este momento, tan solo obtendría el 15.9% de los votos. La misma consulta expone que sería el PSOE el que ganaría las elecciones con un escaso 20%. La formación que sigue creciendo es Podemos, liderada por Pablo Iglesias que, según esa encuesta, pisa los talones al PP con el 14.3%.

La primera reflexión que surge ante la encuesta de Metroscopia, que el diario de Prisa no publica completa, sino que se limita a dar pinceladas a su antojo sobre los resultados, hace cavilar en cuál será realmente el índice de intención de voto real, antes de la ‘cocina’ que aplican los sondeos de opinión para no ‘inquietar’ ni al gobierno ni al poder empresarial y financiero.

Es evidente que la ciudadanía está harta de un situación insostenible por mucho que el Gobierno, a través de sus medios afines, intente vender el espejismo de la recuperación, interpretando a su modo la EPA o los datos del paro, asegurando que se crea empleo y que crecerá el consumo, cuando la realidad de la calle es muy otra, por mucho que, hasta a través de los PGE, el Ejecutivo de Raxoi quiera manipular la verdad sobre la economía, reduciendo partidas imprescindibles para dar la impresión de que se reduce el paro, con medias tan irresponsables como eliminar uno de cada tres euros de lo que destina a políticas de fomento del empleo. El Gobierno  del PP deja desasistidas a millones de familias y en precario a cientos de miles de trabajadores que, gracias a una infame Reforma Laboral hecha a capricho de una oligarquía explotadora, perciben salarios de hambre que los empuja a la exclusión social.

Una organización poco sospechosa de izquierdismo como Cáritas, da unos datos absolutamente inquietantes sobre el empobrecimiento de la clase trabajadora: El 14% de quienes tienen trabajo no pueden afrontar los gastos corrientes de una familia con los miserables salarios que perciben. La ONG señala otro dato alarmante, el que expresa que son ya 8.3 millones de personas las que están actualmente en riesgo de exclusión social. Y lo hace para criticar que el Gobierno destine tan solo el 0.7 de partida presupuestaria para atender a esas personas. La misma organización critica la falta de cobertura por parte de las administraciones locales y autonómicas que, en lugar de servir a las necesidades sociales de los ciudadanos, derivan a su organización cada vez un mayor número de ciudadanos –un 60%-, debido a la falta de fondos para fines sociales con los que cuentan esas administraciones.

Esas críticas reflejan la forma de hacer de un Gobierno que, desde que llegó a La Moncloa, no hizo otra cosa que servir a las necesidades del gran capital, de la oligarquía financiera y empresarial. Desde que ganó las elecciones, el PP ha venido cometiendo toda clase tropelías y desafueros, no solo desmantelando el Estado del Bienestar, como es evidente, sino tomando decisiones que no tienen otra explicación que son tomadas para favorecer a su círculo de amigos, cumplir los compromisos con las grandes empresas que, durante veinte años le financiaron, y posiblemente le siguen financiando, de modo ilegal para que cuente con dinero suficiente para pagar sobresueldos, ingresar dinero en Suiza o cualesquiera otros paraísos fiscales y financiar tramposamente, y con ventaja, sus campañas electorales.

La desmesurada subida del precio de la energía eléctrica permitida por el Gobierno está motivada, entre otras causas, por el abandono de las renovables en una inexplicable e irracional decisión del Ejecutivo que hace sospechar que detrás de ella hay intereses inconfesables, porque ¿qué motivo que no sea espurio puede impulsar a un Gobierno acordar unas sanciones que rozan el esperpento? Y es que la nueva normativa, aún en proceso parlamentario, plantea que quien tenga en su casa placas solares no registradas legalmente será sancionado con una multa de entre 6 y 60 millones de euros, por considerarse infracción muy grave, como también lo es una fuga nuclear, aunque la pena para ese accidente no supere los 30 millones.

La comparación es aún más sangrante si se atiende a otras sanciones recogidas por Ley para un delito contra la seguridad alimentaria –como la utilización de ingredientes adulterados o contaminantes-, que no sobrepasa los 600.000 euros, o por daño grave en materia de sanidad pública, sancionado con la misma cifra. Las leyes del PP recogen otras sanciones mucho menores por asuntos mucho más graves, por ejemplo, por incumplimiento de las obligaciones que provoque un accidente de aviación, la sanción no superará los 230.000 euros. Y como el PP legisla como las dictaduras bananeras, introduce, a través de una enmienda que se aprobará gracias al rodillo de su mayoría absoluta, que permitirá a los inspectores de Industria a entrar en las casas con placas solares sin necesidad de autorización judicial.

La anticonstitucional Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que pretende convertir en delitos derechos reconocidos en la ley de leyes, la reforma del Código Penal, parada tras la dimisión de Gallardón, el asalto a los medios públicos de comunicación y sus intentos de censura, manipulación e injerencia en los privados, los abusos policiales contra manifestantes, el saqueo a lo público, la arbitraria disposición del dinero del erario, siempre disponible para rescatar autopistas o grandes empresarios.

Bien reciente es el decreto publicado en el BOE que concede a Florentino Pérez 1.350.729.000 € en concepto de 'indemnización por perjuicios' del cierre de la Planta CASTOR frente a la costa castellonense, proyecto que causó una serie de terremotos en Vinaròs y poblaciones cercanas. La indemnización se incorpora a los costes del sistema del gas, por lo que durante 30 años el pueblo tendrá que hacer frente a una deuda que, de existir en este país un Gobierno que velase por los derechos de los ciudadanos en lugar de los de las empresas, habría procurado firmar una concesión que, en lugar de obligar a indemnizaciones si las prospecciones se paralizaban por causar daños, fuese la empresa la que tuviera que indemnizar a la ciudadanía que sufrió los terremotos.

El catálogo de abusos, dislates, injusticias, arbitrariedades, imposiciones y saqueo de lo público, con privatizaciones que arruinan el patrimonio del país,  parece que, por fin, pasarán factura a un partido que, durante dos años, ha gobernado como una dictadura, esgrimiendo el argumento de una mayoría absoluta que pensó iba a concedérsele ad aeternum.

Resta saber qué hará el PSOE ante el hundimiento absoluto del PP, dado que es muy probable que no pueda gobernar en solitario.

¿Optará por apoyarse en Podemos e IU, respondiendo a los deseos de la ciudadanía, que marcadamente se inclina por propuestas de izquierdas que suponga un cambio radical a las políticas económicas y sociales del PP, ya que IU también aumenta sus expectativas electorales, o, como recomienda Felipe González y otros derechistas del PSOE, como José Bono, se inclina por una coalición con el PP? Tendría que plantearse que, si llega a un pacto con el PP, podría dar lugar a un estallido social de incontrolables consecuencias. Y se hundirá para los restos.  

Una encuesta de Demoscopia para el diario El País, y de la que dieron cuenta prácticamente la totalidad de medios debido a la novedad que supone el giro copernicano en la intención de voto, refleja un absoluto hundimiento del PP que, de celebrarse elecciones generales en este momento, tan solo obtendría el 15.9% de los votos. La misma consulta expone que sería el PSOE el que ganaría las elecciones con un escaso 20%. La formación que sigue creciendo es Podemos, liderada por Pablo Iglesias que, según esa encuesta, pisa los talones al PP con el 14.3%.

La primera reflexión que surge ante la encuesta de Metroscopia, que el diario de Prisa no publica completa, sino que se limita a dar pinceladas a su antojo sobre los resultados, hace cavilar en cuál será realmente el índice de intención de voto real, antes de la ‘cocina’ que aplican los sondeos de opinión para no ‘inquietar’ ni al gobierno ni al poder empresarial y financiero.

Es evidente que la ciudadanía está harta de un situación insostenible por mucho que el Gobierno, a través de sus medios afines, intente vender el espejismo de la recuperación, interpretando a su modo la EPA o los datos del paro, asegurando que se crea empleo y que crecerá el consumo, cuando la realidad de la calle es muy otra, por mucho que, hasta a través de los PGE, el Ejecutivo de Raxoi quiera manipular la verdad sobre la economía, reduciendo partidas imprescindibles para dar la impresión de que se reduce el paro, con medias tan irresponsables como eliminar uno de cada tres euros de lo que destina a políticas de fomento del empleo. El Gobierno  del PP deja desasistidas a millones de familias y en precario a cientos de miles de trabajadores que, gracias a una infame Reforma Laboral hecha a capricho de una oligarquía explotadora, perciben salarios de hambre que los empuja a la exclusión social.

Una organización poco sospechosa de izquierdismo como Cáritas, da unos datos absolutamente inquietantes sobre el empobrecimiento de la clase trabajadora: El 14% de quienes tienen trabajo no pueden afrontar los gastos corrientes de una familia con los miserables salarios que perciben. La ONG señala otro dato alarmante, el que expresa que son ya 8.3 millones de personas las que están actualmente en riesgo de exclusión social. Y lo hace para criticar que el Gobierno destine tan solo el 0.7 de partida presupuestaria para atender a esas personas. La misma organización critica la falta de cobertura por parte de las administraciones locales y autonómicas que, en lugar de servir a las necesidades sociales de los ciudadanos, derivan a su organización cada vez un mayor número de ciudadanos –un 60%-, debido a la falta de fondos para fines sociales con los que cuentan esas administraciones.

Esas críticas reflejan la forma de hacer de un Gobierno que, desde que llegó a La Moncloa, no hizo otra cosa que servir a las necesidades del gran capital, de la oligarquía financiera y empresarial. Desde que ganó las elecciones, el PP ha venido cometiendo toda clase tropelías y desafueros, no solo desmantelando el Estado del Bienestar, como es evidente, sino tomando decisiones que no tienen otra explicación que son tomadas para favorecer a su círculo de amigos, cumplir los compromisos con las grandes empresas que, durante veinte años le financiaron, y posiblemente le siguen financiando, de modo ilegal para que cuente con dinero suficiente para pagar sobresueldos, ingresar dinero en Suiza o cualesquiera otros paraísos fiscales y financiar tramposamente, y con ventaja, sus campañas electorales.

La desmesurada subida del precio de la energía eléctrica permitida por el Gobierno está motivada, entre otras causas, por el abandono de las renovables en una inexplicable e irracional decisión del Ejecutivo que hace sospechar que detrás de ella hay intereses inconfesables, porque ¿qué motivo que no sea espurio puede impulsar a un Gobierno acordar unas sanciones que rozan el esperpento? Y es que la nueva normativa, aún en proceso parlamentario, plantea que quien tenga en su casa placas solares no registradas legalmente será sancionado con una multa de entre 6 y 60 millones de euros, por considerarse infracción muy grave, como también lo es una fuga nuclear, aunque la pena para ese accidente no supere los 30 millones.

La comparación es aún más sangrante si se atiende a otras sanciones recogidas por Ley para un delito contra la seguridad alimentaria –como la utilización de ingredientes adulterados o contaminantes-, que no sobrepasa los 600.000 euros, o por daño grave en materia de sanidad pública, sancionado con la misma cifra. Las leyes del PP recogen otras sanciones mucho menores por asuntos mucho más graves, por ejemplo, por incumplimiento de las obligaciones que provoque un accidente de aviación, la sanción no superará los 230.000 euros. Y como el PP legisla como las dictaduras bananeras, introduce, a través de una enmienda que se aprobará gracias al rodillo de su mayoría absoluta, que permitirá a los inspectores de Industria a entrar en las casas con placas solares sin necesidad de autorización judicial.

La anticonstitucional Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que pretende convertir en delitos derechos reconocidos en la ley de leyes, la reforma del Código Penal, parada tras la dimisión de Gallardón, el asalto a los medios públicos de comunicación y sus intentos de censura, manipulación e injerencia en los privados, los abusos policiales contra manifestantes, el saqueo a lo público, la arbitraria disposición del dinero del erario, siempre disponible para rescatar autopistas o grandes empresarios.

Bien reciente es el decreto publicado en el BOE que concede a Florentino Pérez 1.350.729.000 € en concepto de 'indemnización por perjuicios' del cierre de la Planta CASTOR frente a la costa castellonense, proyecto que causó una serie de terremotos en Vinaròs y poblaciones cercanas. La indemnización se incorpora a los costes del sistema del gas, por lo que durante 30 años el pueblo tendrá que hacer frente a una deuda que, de existir en este país un Gobierno que velase por los derechos de los ciudadanos en lugar de los de las empresas, habría procurado firmar una concesión que, en lugar de obligar a indemnizaciones si las prospecciones se paralizaban por causar daños, fuese la empresa la que tuviera que indemnizar a la ciudadanía que sufrió los terremotos.

El catálogo de abusos, dislates, injusticias, arbitrariedades, imposiciones y saqueo de lo público, con privatizaciones que arruinan el patrimonio del país,  parece que, por fin, pasarán factura a un partido que, durante dos años, ha gobernado como una dictadura, esgrimiendo el argumento de una mayoría absoluta que pensó iba a concedérsele ad aeternum.

Resta saber qué hará el PSOE ante el hundimiento absoluto del PP, dado que es muy probable que no pueda gobernar en solitario.

¿Optará por apoyarse en Podemos e IU, respondiendo a los deseos de la ciudadanía, que marcadamente se inclina por propuestas de izquierdas que suponga un cambio radical a las políticas económicas y sociales del PP, ya que IU también aumenta sus expectativas electorales, o, como recomienda Felipe González y otros derechistas del PSOE, como José Bono, se inclina por una coalición con el PP? Tendría que plantearse que, si llega a un pacto con el PP, podría dar lugar a un estallido social de incontrolables consecuencias. Y se hundirá para los restos.