Los catalanes partidarios del referéndum, una
inmensa mayoría, consideran que el Tribunal Constitucional carece de
legitimidad desde que rebajó el Estatuto Catalán tras sancionarlo los
ciudadanos de esa nacionalidad país o región. Son muchos los ciudadanos,
catalanes o de otros puntos del Estado, que, además, consideran que la
composición del alto tribunal, presidido por un magistrado que antes acceder a
tan alta magistratura fue militante del PP, le resta legitimidad, máxime cuando
los fallos del TC, elaborados por magistrados mayoritariamente afines y
elegidos por el partido de Gobierno, parecen responder a los deseos del
Ejecutivo. El aval a la Reforma Laboral, que vulnera varios principios
constitucionales hizo que numerosos juristas no entendiesen el fallo del TC, y
son multitud los que piensan que si no carece de legitimidad, al menos, está
bajo sospecha.
El Gobierno del PP por su parte considera que el
Gobierno de Artur Mas carece de legitimidad para convocar una consulta que
considera referéndum, y por lo tanto imposible de celebrar en el marco legal de
la Constitución. Sea como fuere la legitimidad democrática se pone en duda en
las últimas semanas por parte de unos y otros, cuando esa legitimidad está
viciada desde hace años. Concretamente desde hace treinta y cuatro, tiempo de
existencia del actual régimen del 78.
¿Se puede considerar legítimo un régimen surgido
de una dictadura que no rindió cuentas a la muerte del dictador, que dejó en
manos de la familia de este todo cuanto rapiñó al pueblo, y cuyo jefe de
Estado, hasta hace pocos meses, fue designado precisamente por ese dictador?
¿Qué legitimidad tiene una supuesta democracia en la que los criminales de la
dictadura no rindieron cuentas de sus atrocidades, y aún en el presente se les rinde
homenajes por parte de curas, militares, afines a esa dictadura y los cachorros
del partido en el Gobierno alardean de su simpatía y respeto por esa infame
dictadura?
¿Cuenta con legitimidad un régimen, democracia o
como se quiera llamar, que se rige por una Constitución redactada bajo la
presión de milicos golpistas, cardenales reaccionarios y una oligarquía
fascista? El Gobierno de Raxoi niega la posibilidad de reformar esa
Constitución redactada bajo la presión de los poderes fácticos de una nunca
acabada dictadura porque considera que es la única ley que tiene legitimidad en
función de que la votaron una mayoría de españoles. De los que ya viven pocos,
y en la actualidad son mayoría los que no la votaron porque no habían nacido. Y
muchos de los que la votamos lo hicimos engañados, ahora sabemos que estafados
por la palabrería e indignidad de políticos mendaces.
¿Qué legitimidad invoca un Gobierno que no solo
accedió al poder con prácticas ventajistas y un programa oculto y muchas
mentiras, y que, además, de ser este un país democrático, tiempo haría que
hubiesen dimitido a causa de los escándalos de financiación ilegal, dinero
negro, cuentas en Suiza, sobresueldos y latrocinios varios, que, no nos
engañemos, no fueron perpetrados a iniciativa de sus tesoreros, hoy día todos
procesados por delitos económicos?
¿Dónde está la legitimidad de un Estado que se
dice democrático pero que condena a sus ciudadanos al silencio sobre todos los
asuntos importantes que le afectan –como el cambio constitucional del 135, perpetrado
a traición por PSOE y PP- permitiéndole tan solo votar cada cuatro años, y
hacerlo a través de una ley electoral que tergiversa y retuerce la voluntad de
los votantes, porque se elaboró con el fin de que se consolidase un sistema
bipartidista que garantizase el ‘mas de lo mismo’ comicios a comicios?
No puede el Gobierno invocar legitimidad
democrática alguna porque carece de ella, como escasea en el propio Estado y
esa Constitución inamovible que se impone a una ciudadanía que en parte no la votó
y otra parte la sancionó engañada.
Legitimidad democrática habrá el día que se
elabore una Constitución sin miedo ni chantajes para servir a los derechos de
los ciudadanos y no de una clase dominante que impone sus reglas y evita que los
votos reflejen de verdad la voluntad de todos los votantes, porque se
contabilice cada uno de ellos sin proporciones ni trampas. Y cuando los
políticos sirvan a los intereses de los ciudadanos y no a los suyos propios o
los de la oligarquía.
En tanto, en este Patio de Monipodio donde los
políticos sirven a los banqueros, la Constitución a los intereses de los bancos
alemanes, los votos de los ciudadanos se pierden en proporcionalidades
injustificables y los fantasmas de la dictadura siguen sobrevolando leyes y
tapando sus crímenes, no habrá ni legitimidad ni democracia.
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