Julia Rodríguez, ochenta años, en proceso de
recuperación de un cáncer de mamá, y esperando una intervención de cadera y su
hija Paloma, con un trastorno límite de la personalidad, serán desahuciadas de
su casa, una antigua vivienda social, ahora propiedad del Fondo de Inversión
Blackstone, un fondo buitre al que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió
hace un tiempo, con el argumento de que los inquilinos, ‘solo cambiaban de
casero’.
Una falacia: las viviendas sociales, construidas con fondos públicos
para personas con economía precaria, pasaron a ser materia de especulación para
ese fondo buitre, al igual que otras 3000 viviendas del parque público del IVIMA
–Instituto de la Vivienda de Madrid- que Botella pignoró con total desprecio
para los ciudadanos.
Julia, que recibe una pensión de seiscientos
euros, y su hija, enferma y en paro, no pudieron hacer frente a la subida de
alquiler impuesta por el fondo buitre al que Botella vendió el bloque de
viviendas en el que habitaban, muy por debajo de su valor real. ¿Dónde estará
el negocio llevado a cabo por la señora de Aznar con ese fondo buitre con el fue
mucho más generosa que con los vecinos de ese bloque abocados al desahucio? ¿Nadie
investigará ese asunto? ¿Puede un político disponer de ese modo de un bien
público de fines sociales, impunemente?
Son preguntas inevitables, las provoca el estupor
y la impotencia de ver el uso que de los bienes públicos están haciendo un
grupo de políticos que violan las leyes y se ríen de una ciudadanía, a la que
solamente dan respuesta con la represión. “España se constituye en Estado
Social de Derecho’ dice la Constitución. También habla del derecho a una
vivienda digna, al trabajo y a la libertad de opinión, manifestación e
información.
Aunque para algunos integrantes del Gobierno, como
el ministro de AAEE, García Margallo, la Constitución ‘es papel mojado’. Lo
único que le sirve a un Ejecutivo que llegó al poder por un golpe de Estado a
través de las urnas, son los artículos que hacen referencia a la
indivisibilidad de la patria. El resto, para este Gobierno de ultraliberales fascistoides,
no tiene utilidad y conculcar la ley de leyes carece de importancia.
Llegaron al Gobierno con el fin de apoderarse de
todo, y lo están logrando. El caso de las tarjetas fantasma de Caja Madrid, una
entidad cuyo rescate nos cuesta más de 22.000 millones de euros, es tan solo
una gota de agua en el mar del latrocinio perpetrado por un sistema que se creo
para que una casta de políticos, sin honradez ni decencia, se enriqueciese con
lo que, se suponía, era de todos.
Venía lloviendo sobre mojado durante los
treinta y cuatro años de pseudodemocracia y bipartidismo en el que ambos
partidos indultaban a los corruptos del contrario en un compadreo infame, pero
la llegada al poder del PP ha desbordado todos los límites.
Sustentado por una mayoría absoluta lograda con
trampas –desde el uso de dinero negro en las campañas electorales a la manipulación
del voto de ancianos alzheimicos- falacias y la ocultación de sus propósitos,
los integrantes del Gobierno del PP están protagonizando un saqueo a lo
público, la destrucción del Estado del Bienestar y de los derechos civiles.
Hoy, con su sola mayoría absoluta y el rechazo
sonado de todos los grupos de oposición, organizaciones civiles y la mayoría de
la población, el PP aprobaba la Ley Mordaza que, entre otras cosas, elimina el
derecho a que los detenidos en manifestaciones sean juzgados y cuenten con
defensa letrada, porque serán tan solo los policías los que detengan, juzguen
el delito y acuerden la pena, en una práctica que no se llevaba a cabo ni en el
franquismo, que hacía el paripé con los TOP.
En tanto el peso de la represión caerá sobre la
ciudadanía que ose protestar por las decisiones de un Gobierno fascistoide y
corrupto, cuyo presidente, Raxoi, igual que varios de sus ministros, cobró
ilegales sobresueldos. Aquellos que saquean lo público cuentan con el
beneplácito de los poderosos, los que se benefician de sus medidas y roban
impunemente.
En un país donde la brecha social se ha convertido
en una sima, desaparecido las prestaciones sociales, la sanidad y la educación
pública se evaporan entre la bruma de privatizaciones interesadas y los ricos
son cada vez más ricos, el Ejecutivo se permite regalar miles de millones a
bancos y grandes empresas, la Fiscalía pide más penas de cárcel para quienes
participan en una huelga o una manifestación, al tiempo que al causante de cinco
homicidios dolosos apenas quiere castigarlo con una pena que supone menos de un
año por cada muerte, donde la policía puede apalear a periodistas, y, pese a
las pruebas grabadas de su brutalidad es exculpada, donde el poder –político y
económico- destruye el Estado y llama antisistema a quienes quieren mantenerlo,
la ciudadanía se pregunta hasta cuánto se prolongará esta situación y por qué
no existen Jueces que pidan cuentas.
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