¿Cuántos millones de ciudadanos de los que votaron
al PP creyendo que iba a solucionar la crisis fueron conscientes de que
entregaban un cheque en blanco a un partido político ultracatólico y
filofascista? Es muy posible que aquellos que, creyendo todas las falacias de
la propaganda, introdujeron en las urnas la papeleta de la gaviota no lo
hubieran hecho.
El PP se presentó ante el electorado como un partido centrista.
Y el electorado que le dio la mayoría pensó que se trataba de un partido
conservador similar a los europeos. Nada más lejos de la realidad: el PP y su
líder, Mariano Raxoi, son la extrema derecha más reaccionaria de Europa, que
les sitúa, en algunos asuntos a la derecha de la ultraderechista Le Pen en
Francia.
El problema del ébola, no solo por su mala gestión
tras contagiarse una auxiliar de enfermería, ha puesto al descubierto el
entramado político religioso que sustenta a un partido tan integrista en lo
religioso que puede asimilarse al de países árabes que imponen la sharía contra
las leyes civiles.
Este Gobierno viene dando constantes muestras de
su talibanismo religioso, desde las patéticas declaraciones de políticos
invocando la interdicción de vírgenes de ficción para solucionar problemas, a
la concesión de medallas a santos de palo que causan la irrisión de la prensa
de medio mundo, la entrega de chorros de millones a la secta católica, y por
último la decisión de traer al país, sin medios para ello, a dos misioneros agonizantes
enfermos de ébola. Decisión que mayoritariamente está siendo cuestionada por la
ciudadanía y pone en evidencia la irresponsabilidad de un Ejecutivo que
antepone sus devociones religiosas al sentido común.
Mayoritariamente, incluidos muchos votantes del
PP, los ciudadanos consideran que nunca debieron traer a España a los clérigos
contagiados de ébola porque no había medios suficientes para atenderlos sin
riesgos, y que si se hizo fue por su condición de religiosos. Son ya muchos
medios los que explican las presiones de la Orden de San Juan Dios para que el
Ejecutivo repatriase a los misioneros desahuciados.
Gracias a la información que circula por Internet
–la prensa oficial, controlada íntegramente por el PP no osa dar esas
informaciones- sabemos que la orden a la que pertenecían los sacerdotes cuyo
traslado ha causado un problema que este Gobierno está evidenciando que le
sobrepasa, es propietaria de una SICAV con más de diecisiete millones de euros,
y acciones en Mediaset, Prisa, las bodegas Barón de Ley así como casi 12
millones de Deuda Pública emitida por el Tesoro español, 1,16 millones en Renta
Fija del Banco Santander, entidad que gestiona esta SICAV y acciones en Bolsa
del Banco Santander, Vidrala, la cadena de jugueterías Imaginarium y las
multinacionales del acero Arcelor Mittal y Kloeckner, además de ser propietaria
en España de dieciocho hospitales, residencias geriátricas y centros de
formación sanitaria, y otros muchos centros sanitarios repartidos por todo el
mundo. Lo que lleva a preguntarse qué necesidad había de que el Gobierno
dispusiese del erario y la salud pública para atender a un misionero
perteneciente a una orden que tiene medios suficientes para haberlo atendido
sin expoliar las arcas públicas y ser causante de una pandemia de incalculables
consecuencias.
Mas no es solo en ese dislate el que ha puesto en
alerta a la sociedad y en jaque a la profesión médica, cansada de denunciar los
recortes cuyas consecuencias se evidencian con la crisis del ébola. El
Ejecutivo dispone, de forma intolerable y hasta ilegal, porque prevarica, del
dinero público para favorecer a la secta católica. Pocos medios dieron cuenta
de una noticia que, de no ser porque afecta a los bolsillos de los ciudadanos,
movería a risa.
Y es que, no satisfecho con regalar cerca de
160.000 millones del erario a los obispos, este Ejecutivo de talibanes sin
sentido del ridículo, aprueban cargar al erario con 30,1 millones de euros a la
Obra Pía de los Santos Lugares, una fundación pública nacida para “dotar a
doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los
difuntos”. Los Presupuestos Generales de 2015 incluyen, por primera vez, la
financiación con dinero público de una fundación dirigida por religiosos y que
tiene como fin “mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa”,
el término que la Iglesia utiliza para designar a Israel, Palestina, Turquía,
Siria y Egipto. La Obra Pía de los
Santos Lugares pasa a cargarse al erario por primera vez, por
mandato de la Ley de Racionalización de la Administración, una norma tenía como
finalidad reducir el número de organismos públicos pero que ha terminado
incorporando al Estado organismos religiosos como este mediante un Real
Decreto, sistema que utiliza el Gobierno de Raxoi para gobernar como el sátrapa
fascista que es. La partida se carga ahora a la memoria de Entidades el sector
público sin personalidad jurídica, el mismo grupo en el que se incluyen la CNMV
o el Centro de Investigación Biomédica. La Obra no sólo pasa a depender del
erario público sino que también ha
recibido una subvención de 33.000 euros a cargo del Ministerio de Exteriores
para “financiar gastos del ejercicio”.
Al tiempo que el Gobierno, y las autonomías
gobernadas por el PP, como es el caso de la de Madrid, recortan la sanidad
pública a extremos peligrosísimos, despilfarra el dinero de los ciudadanos en
una secta integrista de la que forman parte, a través de sectas de la secta,
como el Opus o los Legionarios de Cristo, los Kikos y otras organizaciones
similares, los integrantes de un Gobierno de irresponsables y sectarios.
El PP protagoniza episodios tan esperpénticos como
el que se registra en el municipio de Boadilla del Monte –cuna y epicentro de
la trama Gürtel- donde el grupo de Gobierno, de esa formación, destina una
millonada en buscar en los restos de un santo y 80 niños a los que
supuestamente les cortaron las cabezas en el año 717, durante la invasión
musulmana. No hay datos constatados sobre su existencia, pero la Hermandad de
San Babilés, cuyo presidente es uno de los concejales del equipo de Gobierno,
aporta referencias históricas sobre el episodio inventado. La España
esperpéntica y milagrera del pasado está resucitando alarmantemente por mor de
la beatería de los integrantes del PP, al tiempo que las administraciones
públicas regidas por ese partido rechazan sistemáticamente dotar
presupuestariamente a las asociaciones de Memoria Histórica para que puedan dar
digna sepultura a las víctimas del genocidio franquista.
La crisis del ébola, causada por el integrismo
religioso de un Gobierno talibán y filofascistas, ha puesto de manifiesto su
incapacidad para hacer frente a los problemas. La profesión médica se apresta a
denunciar judicialmente a la dirección del Hospital de La Paz por la situación
de caos y descontrol que están viviendo a causa de esa contingencia. Entre
otras cosas se quejan de que Teresa Romero es atendida por menos de la mitad de
personal que se dedicó al primer sacerdote repatriado.
La sociedad reacciona indignada a la táctica
gubernamental de responsabilizar y desacreditar a la contagiada de ébola a
causa de la falta de medios, información y formación que sufrieron los
sanitarios, motivada por la precipitada decisión de repatriar al misionero
agonizante. Al tiempo, la prensa cavernaria, soez e incontinente, carga contra
la enferma, y dice temer que se utilice este asunto ‘como el 13-M’, esto es,
que la ciudadanía se subleve ante un Gobierno de talibanes nazionalcatólicos.
Es de desear que lo haga, cuanto antes mejor, para
desalojar del poder a un partido de sátrapas beatos capaces de matar a toda la
ciudadanía con su ineptitud.
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