El titular de este artículo no expresa sino el
sentir general de la ciudadanía, ante las noticias que, referentes la Justicia, encontramos cada día en los
medios o en los informativos televisivos. La frase del ahora condenado por
corrupción, el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que dijo hace años: ‘la
Justicia es un cachondeo’ se queda muy corta para describir lo que piensa la
mayoría de ciudadanos respecto a unos jueces y fiscales al servicio de un
Gobierno y sus amigos que se ríen de las leyes, la decencia y la honradez, y que
permite la impunidad de los poderosos, al tiempo que carga, con una dureza
propia de una dictadura, contra el pueblo.
Algunas decisiones del Ministerio Fiscal y la
judicatura rayan en ocasiones el
esperpento cuando se les pone entre ceja y ceja acabar a toda costa con algún
personaje. La caza de brujas emprendida por la Fiscalía de Madrid, a cuyo
frente está Manuel Moix, emprendió una persecución feroz contra el juez Elpidio
José Silva. La separación de la carrera judicial –con el voto particular en
contra del presidente del Tribunal- al condenarle a diecisiete años y medio de
inhabilitación no pareció suficiente castigo contra el togado que metió en la
cárcel por dos veces al responsable de la quiebra de Caja Madrid, de la emisión
de preferentes y el uso y abuso de las tarjetas black, de las que no solo hizo
uso desmedido, sino que utilizó para comprar voluntades, Miguel Blesa.
La osadía de haber encarcelado al protegido de
Aznar en particular, y del PP en general, tendría, a juicio del Ministerio
Fiscal, pagarse con la misma moneda, la de la cárcel. Y como la inhabilitación
no era el camino, utilizó, junto con la jueza Susana Polo, una causa absurda y
con pocos indicios probatorios, la de la filtración de unos mensajes
corporativos de Caja Madrid, que, a pesar de evidenciar la comisión de delitos,
fueron considerados tanto por la Fiscalía como la judicatura como ‘privados’ y
su difusión un delito que le atribuyeron al juez Silva.
Como existían pocos, por no decir ninguno,
indicios que responsabilizaran al ya inhabilitado juez, tanto la Fiscalía como
la jueza se agarraron a las esperpénticas declaraciones de una testigo a la que
dieron estatus de protegida –el mismo que se da a testigos de actos
terroristas, mafias y crimen organizado- con el cobro de cuatro mil euros a
cargo de la Comunidad de Madrid –la misma que no tuvo dinero para construir un
lugar donde mantener con vida al perro de Teresa Romero, Excalibur- en calidad
de testigo en riesgo de sufrir agresiones.
TP 1/14, que es como se designó a la testigo,
declaró ante la policía y la Fiscalía que Elpidio José Silva había practicado
con ella ‘exorcismos y magia negra’. La policía apenas dio credibilidad a tales
declaraciones, en las que se aseguraba que Silva había filtrado los correos, y
le culpaba de querer acabar con ella, sin más argumentos que los de que quería
vengarse, tras haber sido amantes, para lo que había empleado sistemas tan
risibles como la citada magia negra y los exorcismos, prácticas que en la Edad
Media podían llevar a la hoguera a la gente, pero que, en el siglo XXI, sería
de suponer que no tendrían que tener más tratamiento que el psiquiátrico.
Mas el Fiscal Moix y la jueza Polo, deseosos de
servir a Blesa, dieron por buenas las declaraciones de esa individua, a la que
prometieron gestionar una vivienda protegida, además de proporcionarle más de
setecientos euros mensuales para que pudiese vivir escondida, a salvo de las
posibles agresiones de sicarios enviados por Silva, o de la peligrosa magia
negra. Ahora, tanto la Fiscalía como la
jueza, se han visto obligadas a retirar la condición de testigo protegida a la
misteriosa TP1/14, que parece haberse volatilizado. Con su desaparición, las
intenciones de la Fiscalía de Madrid de condenar a Elpidio Silva a una pena de
cárcel se evaporan.
Que la fiscalía tomase en cuenta el testimonio de
una testigo tan poco fiable es una muestra de hasta qué punto la Justicia en
este país anda desnortada, o, lo que es peor, sometida a los poderosos hasta el
extremo de tomar en cuenta una absurda acusación de magia negra para perseguir
a un juez que tuvo la valentía de plantar cara a un ya más que probado
delincuente. Tan delincuente como protegido por los poderosos.
Es la misma protección que lleva a cabo un
Ministerio Fiscal capaz de solicitar tan solo cuatro años de cárcel a quien,
con su ambición e irresponsabilidad, fue uno de los responsables de la muerte
de cuatro adolescentes en el Madrid Arena, cuando a la vez se muestra sañudo y
vengativo con una sindicalista a la que pide la misma pena por haber roto el
cristal de un autobús, dando la misma importancia a la propiedad de un bus
privado que a la vida de cuatro jóvenes.
Son los mismos jueces y fiscales que cierran los
ojos a los casos de corrupción, que los dilatan para que prescriban y los
poderosos queden impunes, los que, paralelamente, pretenden encarcelar por años
al pueblo que se manifestó en contra de la podredumbre de un sistema que
arruinó al país y a sus ciudadanos; que ha causado la muerte por desesperación
de cientos de personas que se quitaron la vida al verse desahuciados, o que,
por una decisión arbitraria, a causa de una ideología beata, pusieron en riesgo
laboral a cientos de profesionales, y en riesgo de una epidemia mortal a
millones de ciudadanos.
La Fiscalía –dependiente jerárquicamente del
Fiscal General del Estado, mamporrero del Gobierno que es quien le nombró- no
actuará contra los corruptos, contra los gobernantes que, haciendo dejación de
sus funciones, no protegieron a los ciudadanos de los abusos de los bancos o de
los riesgos de una pandemia mortal, cerrará los ojos a cuanto abuso perpetren
políticos y oligarcas, al tiempo que, como fieles esbirros de un poder
filofascista, intentará que aquellos que tuvieron el valor de alzar la voz
contra la podredumbre de un régimen de sátrapas abusadores y ladrones, paguen
con su libertad la osadía.
Y luego invocarán la democracia para justificar
sus desmanes.
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