Nunca en la historia de esta reciente
pseudodemocracia el Tribunal Constitucional había admitido a trámite un recurso
con la celeridad como lo ha hecho con el recurso interpuesto por el Gobierno
del PP contra la ley de consultas y el referéndum convocado en Catalunya por
Artur Mas, President de la Generalitat. El recurso fue presentado por la mañana
por la Abogacía General del Estado, y simultáneamente el Presidente del
Gobierno, Mariano Raxoi, hacía una declaración institucional en la que invocó
la democracia y el cumplimiento de la legalidad, con frases como: ‘si no se
cumple la ley no hay democracia’ que bien podía significar algo parecido a ‘si
no se cumple la ley se está fuera del régimen’, de connotaciones antañonas.
Todo para impedir el derecho democrático de los catalanes a pronunciarse sobre
si quieren o no pertenecer al Estado Español.
El Tribunal Constitucional explicó la rapidez de
la admisión de los recursos –que suspenden la convocatoria del referéndum- en
razón a la ‘importancia del recurso y su trascendencia constitucional y
política’. Dos horas le bastaron a los sesudos varones del TC en admitir a
trámite el presentado por un Gobierno al que no todos reconocen legitimidad
democrática, como los convocantes del referéndum, aunque no solo ellos, si se
tiene en cuenta que el actual Gobierno accedió al poder haciendo uso ilegitimo
de dinero negro en su campaña electoral –como viene haciendo desde hace veinte
años- y con un programa falso con el que subyugó a un electorado ingenuo que
creyó las falacias programáticas que los populares sabían que no iban a
cumplir.
Para otros muchos tampoco el Tribunal
Constitucional tiene legitimidad, o al menos capacidad para que los Magistrados
sean considerados imparciales, toda vez que el presidente, Pérez de los Cobos,
fue asesor y militante del PP antes de acceder al cargo y el resto de
magistrados son mayoritariamente designados por el PP, en una de las
peculiaridades de un país donde los jueces, y no solo los del Constitucional,
suelen, en materia política, ser jueces y parte de un entramado institucional
que lleva años propinando patadas a la tumba de Montesquieu.
El presidente del Gobierno invocando esa legalidad,
sin la que aseguró, no hay democracia, estaba pronunciando un sofisma, dado que
existen leyes en regímenes supuestamente democráticos que son un atentado a la democracia.
Él debiera saberlo, pues ha sido su Gobierno el que, entre otras, pretende
aprobar leyes como la de Seguridad Ciudadana que son un verdadero ataque a la democracia.
Desde la imparcialidad y el desapasionamiento
cuesta mucho entender las razones del españolismo centralista y aquellas por
las que se quiere impedir que los catalanes se pronuncien sobre si quieren o no
independencia, toda vez que, además, es muy posible que la mayoría votase que
no quería una escisión. A lo que aspiran los catalanes es a un respeto a su
identidad que desde el centralismo españolista reaccionario no existió nunca,
pero que desde que gobierna el PP, se ha acentuado de una manera ofensiva y muy
torpe. Basta recordar las desafortunadas palabras del ministro de Educación,
Wert, proclamando que su intención, con esa nefasta ley educativa que hizo, era
‘españolizar a los niños catalanes’.
Con la suspensión de la convocatoria del
referéndum por parte del TC se enconan aún más las posiciones de ambas partes
en un conflicto que nunca debería haber existido si los llamados ‘padres de la
patria’, aquellos que redactaron la Constitución del 78, hubieran sido más
racionales y menos cobardes, y hubieran articulado un sistema federal y la
posibilidad de que cada federación, estado o cantón, pudiese celebrar los
referéndum que tuviesen a bien convocar sus ciudadanos.
En la nada bolchevique Suiza -patria económica de
muchos centralistas españolistas furibundos, allí donde esconden su dinero los ‘patriotas’
españolistas para no pagar impuestos-, se celebran referéndum con frecuencia,
cantonales o estatales, sin que el país se rompa en añicos y sin que se
produzcan los grandes males con los que quiere asustar la derecha de este país
cuando se habla de una racionalización de la organización regional o de
nacionalidades dentro del Estado español.
La torpe postura del Gobierno de Raxoi, su
españolismo impuesto por la fuerza, de momento, de la ley; las veladas amenazas
contra Mas, que pueden poner en pie a muchos catalanes, que seguramente no
votarán jamás a Convergencia, y que, incluso, no votarían sí a la
independencia, podría haberse evitado si se hubiese asumido una modificación
constitucional.
Carecen de argumentos quienes se niegan a esos
cambios constitucionales, que votaron con toda prisa la modificación del
artículo 135 para obedecer las pretensiones de Merkel para que se pusieran por
delante los intereses de sus bancos antes que los de los españoles.
Debe resultar sumamente irritante para los
catalanes ver que se les niega su derecho a pronunciarse porque así lo impone
una Constitución inamovible que les niega el democrático derecho a exponer su
posición, cuando hace muy pocos años el partido que se plegó a una modificación
constitucional en 24 horas, esgrime que esa misma Constitución no puede
cambiarse.
La admisión a trámite por parte del TC del recurso
del PP contra la ley de consultas y la convocatoria del referéndum supone un
agravio más que los catalanes pueden añadir a la larga lista de los que vienen
sufriendo desde 1714. Y siempre por la misma torpeza política de un centralismo
cerril y reaccionario que, de no poner mucha inteligencia y ductilidad en los
próximos meses, puede enconar la situación hasta extremos indeseables.
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