Un juez de Melilla pone coto al abuso de las devoluciones en caliente al imputar al Comandante de la Guardia Civil de esa ciudad

Las denuncias de ONG han podido más que las declaraciones del Gobierno, los documentos firmados por la GC que contravienen la legislación nacional e internacional sobre los Derechos Humanos y la censura informativa aplicada en la frontera melillense.

El juzgado de instrucción número dos de Melilla imputa al comandante jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor, a causa de un posible delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense, ilegales según la Ley de Extranjería y el convenio bilateral hispano-marroquí. Y los Derechos Humanos y la ética.

El auto, arremete contra el "protocolo operativo de vigilancia de fronteras", una orden interna firmada por el acusado, que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, la más cercana a la ciudad autónoma. Tras recordar que la soberanía española recae sobre todo el entramado fronterizo, el juez considera que este argumento, también defendido por el Ministerio de Interior, no se sostiene bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales, y reprocha que a causa de él se negó la entrada a personas que podrían haberse acogido al Derecho de Asilo, que de esa forma vulneró la Guardia Civil.

"Nos encontramos ante dos conceptos de frontera diferentes, uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza operativo o funcional. El primero, se acomoda a los Tratados Internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos, mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político, o de simple operatividad policial", señala el auto que responde a dos querellas presentadas por las ONG Prodein, Andalucía Acoge y Sos Racismo sobre los hechos ocurridos los días 18 de junio y  13 de agosto de este mismo año.

Las devoluciones en caliente no son nuevas. Los Gobiernos del PP y del PSOE llevan efectuándolas desde hace 13 años, aunque la forma de realizarlas cambió en marzo de 2014. Hasta entonces, se llevaban a cabo de forma clandestina y, cuando alguna prueba las evidenciaba, el ejecutivo de turno solía limitarse a negarlas o ignorarlas. Hasta la tragedia de Ceuta. Entonces el actual Gobierno asumió la devolución de 23 personas tras la sucesión de imágenes difundidas y la atención mediática despertada. Y surgió una nueva justificación, nunca antes admitida pero que, según el Ministerio del Interior, se llevaba aplicando desde 2005: "España empieza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión". A partir de ahí, la teoría se acopló a las diferentes particularidades de cada frontera y la Guardia Civil comenzó a expulsar inmigrantes de forma inmediata a plena luz del día y ante los objetivos de cada vez más periodistas.

Por el momento, el juzgado de Melilla descarta la validez de lo que denomina "concepto de frontera aplicado en la valla de Melilla". Y añade: “En la documentación aportada por la Guardia Civil no se indica cuál es el precepto o norma jurídica que ampara el concepto operativo de frontera, más allá de una remisión genérica a que se trata de un 'concepto consolidado desde el año 2005'"

El auto pone en entredicho la legalidad del “protocolo operativo de vigilancia de fronteras de la Guardia Civil” que rige la forma de actuar de los agentes durante los intentos de entrada de inmigrantes. Hora iba siendo de que algún juez, ya que no lo hicieron los organismos internacionales a raíz de los crímenes perpetrados en Ceuta contra los inmigrantes que intentaban alcanzar la costa española, de que alguien pusiese coto a medidas propias de estados policiales que desprecian los Derechos Humanos.