Un informe de la OCDE –un ‘club’ de países ricos
del que seguramente pronto nos expulsarán por depauperados- a través de un
informe bianual pide al Gobierno de España mano dura con los parados, como si
lo estuviéramos por gusto, y no por las condiciones insoportables del mercado
laboral de este país, donde los empresarios prefieren llevarse su dinero a
paraísos fiscales antes que crear nuevos empleos.
La OCDE recomienda en ese informe endurecer las
condiciones para acceder a los subsidios de paro, como si ya no fuesen
suficientemente escasos y difíciles de conseguir. Si los miembros de la OCDE
que hicieron el informe se diesen una vueltecita por cualesquiera de las
oficinas de empleo públicas que existen en el país comprobarían que los
funcionarios tratan a los parados de forma que lo que sienten cuando acuden a
tales oficinas sea el imperioso deseo de salir corriendo y no hacer solicitud
de prestación alguna, por el modo despreciativo y grosero, con el que son
tratados, aparte de negarles, en muchas ocasiones, el derecho a subsidios a los
que tienen derecho personas poco informadas.
Sin embargo, los responsables de la OCDE se han
debido fiar de las insidiosas palabras de los miembros del Ejecutivo de Raxoi y
sus corifeos de la prensa mediática, que, desde que accedieron al Gobierno, no
hacen otra cosa que criminalizar a los parados, con el argumento de que la
gente prefiere cobrar un subsidio antes que trabajar. Si esto fuese cierto, que
no lo es, pues se trata de una falacia más de unos gobernantes cínicos que
ejercen el poder en contra de la ciudadanía, se podría argumentar que si se
pagasen sueldos dignos en lugar de salarios de miseria, nadie preferiría estar
en el paro en lugar de trabajar.
La OCDE pues ha debido creer las falacias del
Ejecutivo de Raxoi, y dice que las políticas activas del mercado de trabajo “sólo
son efectivas cuando se basan en la obligación mutua: los desempleados reciben
una prestación y a cambio deben participar activamente en la búsqueda de
empleo. En España hay que implantar un sistema de obligación mutua”. Recomienda
ese organismo que los desempleados acepten las ofertas de empleo adecuadas, si
bien la incertidumbre de lo que se considera "adecuado" dificulta la
aplicación de la norma, porque, a su vez, recomienda que se defina "más claramente el concepto de oferta de
empleo adecuada" atendiendo a criterios objetivos como que el
salario que se ofrece compense la prestación que recibe. Cosa que en el
presente es absolutamente impensable.
El documento también recalca que el elevado
desempleo no solo es el resultado de la falta de puestos de trabajo, sino
también de "diversos problemas estructurales" entre los que sitúa,
además de unas políticas activas de empleo poco eficientes, la insuficiente
flexibilidad de los salarios y la elevada protección por despido de los
contratos indefinidos frente a sus homólogos temporales. O dicho en otras
palabras, recomienda más precariedad, siguiendo las sugerencias de unos
empresarios carentes de ética, que esclavizan a los trabajadores con chantajes
intolerables.
Y como si las recomendaciones de la OCDE fuesen
poco aceptables para la ciudadanía, recomienda, además, una subida del IVA, un
impuesto injusto, que hace pagar lo mismo a quienes menos tienen que a los
millonarios, aunque también diese un toque respecto al fraude de las SICAV.
La OCDE, como en general lo hacen todos los
organismos europeos dominados por las multinacionales y la banca internacional,
ignora por completo la realidad impositiva española y debe desconocer que el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTHA, salió
recientemente al paso de las
declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para poner
los puntos sobre las íes, desmintiendo los datos proporcionados por él que negó
que el fraude hubiese aumentado, al afirmar que 2013 fue el peor año en la
lucha contra el fraude fiscal de los últimos veintitrés años de la historia de
la Agencia Tributaria. Al tiempo, los
técnicos de Hacienda consideran que no se prevé una mejora sustancial durante
el presente año que permita hablar de un punto de inflexión en los resultados.
Denuncian que no se ha logrado evitar el “aumento de la economía sumergida en
España”, que alcanza 60.000 millones de euros”, superando en más de 2.000
millones el gasto en sanidad de todas las administraciones.
Los organismos europeos deberían poner su atención
a las cifras del fraude y la evasión en
España, que son apabullantes: más de 253.000 millones de euros -más de
42 billones de las antiguas pesetas- que escapan en España al control del fisco, según informe ‘El avance
del fraude en España durante la crisis” publicado por GHESTA; un fraude que
supone 25,6% del Producto Interior Bruto y que se debe, como también señalan
los técnicos de Hacienda, a las grandes empresas y grandes fortunas que luego
el Ministro Montoro amnistía con suma diligencia para ponerse a bien con
quienes, seguramente, engordan sus sobres.
La OCDE y la UE deberían –si fuesen organismos con
un mínimo respeto por la democracia- conocer mejor la realidad social de este
país, en lugar de dejarse orientar por el Ejecutivo de Raxoi, por los
directivos de las multinacionales y la prensa del establishment. Le hubiera
bastado leer algunos medios digitales no sometidos al poder, para, entre otras
cosas, saber a qué clase de depredador de la naturaleza y enemigo de las
energías renovables - entre otras cosas porque tiene intereses en petroleras-,
ha elegido el presidente electo de la Comisión Europea, el conservador
luxemburgués, Jean-Claude Juncker, como comisario de la cartera de Clima y
Energía en el próximo Ejecutivo comunitario, el español Miguel Arias Cañete.
Es evidente que a los dirigentes europeos les
importan un ardite los problemas de los ciudadanos españoles –y de los del
resto de países- porque solo miran por los intereses de sus amos, las grandes
multinacionales, los especuladores financieros y el poder del IV Reich.
Una Europa a la que habría que plantearse si
merece la pena pertenecer.
Crónicas de Españistán
1ª.- Entre los muchos defectos de esta bloguera no
está la hipocresía, de manera que no caerá en las loas del establishment al
banquero Emilio Botín por su fallecimiento. Es penoso ver a los partidos,
aunque sean de pretendida izquierda, como el PSOE, haciendo loas al fallecido
banquero que tuvo la suerte de morirse de un súbito infarto ahorrándose una
larga enfermedad. Alguna gente viene al mundo, y se va de él, con una flor en
el trasero. El banquero no fue nunca un angelito, más al contrario fue un
tiburón intrigante, manipulador de la política y la información, accionista de
medios como El País, en el que contribuyó con sus acciones a que se haya
convertido en un libelo neocon. La entidad presidida por Emilio Botín estuvo
implicada en los casos más destacados de abusos financieros desde que estalló
la crisis: Lehman Brothers, caso Madoff, Valores Santander. La CNMV le impuso
multas por valor de 27 millones de euros, por Valores Santander y otra por la
incorrecta actividad de su gestora Santander AM. Como decía mi abuela, que al
contrario de su nieta, era mujer creyente: Que Dios le tenga donde se merece.
2ª.- El beato y caritativo Gobierno de Raxoi, que
se gastó una millonada de dinero público para traer con toda urgencia a nuestro
país a un sacerdote enfermo de ébola que acabó falleciendo, tomó la decisión de
expulsar de nuestro país a un inmigrante a Nigeria, país donde se han
registrado 19 casos de ébola, a pesar de la decisión de la Agencia Europea para
la Gestión en las Fronteras (Frontex) de cancelar la organización de
vuelos de repatriación a estas zonas. Paul Edionseri, tras 15 años en España,
recibió la notificación de expulsión el martes y si nadie lo remedia volará
a Lagos en un vuelo regular de Iberia el jueves 11 de septiembre. Si la
repatriación se culmina, dejará en Zaragoza a su mujer y a sus dos hijas
menores de edad. Una vez más el xenófobo y racista Gobierno del PP se pasa por
el forro de sus misales las recomendaciones europeas sobre inmigración y los
Derechos Humanos. Pero no pasa nada, Merkel y Juncker están encantados con la
política económica de Raxoi al servicio de la banca alemana.
3ª.- La
primera apertura de año judicial que preside Felipe VI se convirtió en un acto
de adhesión inquebrantable al monarca y la institución por parte de los
representantes designados por el Partido Popular para presidir el Poder
Judicial y el Supremo. Carlos Lesmes, y el Fiscal General del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, hicieron referencia al ‘desafío independentista de Cataluña’ a un
día de la celebración de la Diada, y más por encima trataron las dificultades con las que el sistema judicial
se enfrenta para luchar contra la corrupción. De la que se ocupan los jueces
tan diligentemente como para permitir que el condenado Carlos Fabra,
expresidente de la Diputación de Castellón, condenado por prevaricación y
delito fiscal, siga sin entrar en prisión, chuleándose de la ciudadanía y de la
Justicia. Pero nada de eso es importante para los señores jueces y el ‘preparado’
monarca. Aquí lo que importa a la derecha reaccionaria es la ‘sacrosanta unidad
de la patria’.
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