La Deuda Pública, esa que se carga a las espaldas
de los ciudadanos y que afecta al conjunto de las administraciones públicas
alcanzó un nuevo récord en el segundo trimestre de este año al sumar 1.012.643
millones de euros, o dicho de otra forma, supera el billón, con b, de euros.
Esa cifra supone el 98,9% del PIB y un incremento del 1,6% en relación con el
trimestre anterior, según los datos del Banco de España.
Pese a la descomunal Deuda Pública, que pagamos los ciudadanos sin saber en
qué se emplearon esas gigantescas cantidades de dinero, la mayoría de los
ciudadanos tienen por cierto que una buena parte de esos millones fueron a
rescatar a los bancos que luego el Gobierno vende por ínfimas cantidades para
que la banca privada se lucre, o, más recientemente, se destinen 4.600 millones
de euros en rescatar autopistas.
Sin embargo, nadie da explicaciones sobre qué gastos han disparado la Deuda
para que alcance las mismas cifras que el PIB, esto es, que debamos tanto como
producimos. Cuando formaciones como Podemos dicen que es necesario hacer una
auditoría de la Deuda Pública, para delimitar cuánto dinero realmente fue de
uso público y cuánto se dedicó a rescatar negocios privados, el PP, en el
Gobierno, y el PSOE en la oposición, ponen el grito en el cielo, y los
economistas, corifeos del capitalismo, auguran el hundimiento del país si un
futuro Ejecutivo tomase la determinación de no pagar la Deuda Ilegítima, posibilidad
que contemplan los tratados internacionales y que varios países aplicaron esa
medida sin que se hundiesen ni el país ni la economía global.
El economista Jeff King señala que: “deudas odiosas son aquellas contraídas
contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento
del acreedor”. Que la mayor parte de ese billón de euros es deuda odiosa se
puede comprobar viendo en qué empleó el dinero del rescate europeo el Gobierno
de Raxoi. No obstante, cuando alguien habla de deuda odiosa o ilegítima, tanto
PP como PSOE descartan esa posibilidad, argumentando que ellos son muy serios…
con el dinero de los ciudadanos.
Al tiempo estos sufren una situación insoportable, porque hay millones de
personas que viven con subsidios de miseria, ya que el
promedio de renta mínima que percibe un individuo o una familia que carece de
recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas es de
420,55 euros mensuales. Una situación que deja a millones de españoles en
inferioridad de condiciones en relación con otros países de nuestro entorno,
pese a sufrir una Deuda Pública muy superior a la de esos mismos países, y que,
obviamente, no beneficia al pueblo, sino, más bien, al contrario.
Al mismo tiempo el informe sobre la riqueza
en el mundo en 2014, elaborado por Capgemini y la sociedad de gestión
patrimonial RBC Wealth Management, que detecta a las personas que disponen de
más de un millón de dólares en activos susceptibles de inversión, sin incluir
su residencia habitual o los bienes de consumo duradero, refleja que esa cifra
ha crecido en 16.000 personas en España hasta las 161.000.
De ese modo, la
economía española escala dos posiciones y se sitúa en el decimocuarto lugar de
la clasificación, superando a Rusia e India. Esa es la mejora económica de la
que habla el Gobierno de Raxoi, en tanto millones de parados sufren situaciones
extremas de pobreza y dos millones trescientos mil niños se ven abocados a
vivir en cotas de pobreza inasumibles en un Estado moderno.
La situación económica y de merma de libertades,
como las medidas contra las manifestaciones ciudadanas aprobadas en la Ley
Mordaza del PP, contra la libertad de información de la Reforma del Consejo
General del Poder Judicial, la aplicación de una norma franquista para enviar a
la cárcel a quienes forman parte de piquetes informativos durante una huelga o
la política contra los inmigrantes, que vulnera los Derechos Humanos, tanto a
la hora de impedirles la entrada en nuestro país, las deportaciones a países en
riesgo de pandemias o de brutales represiones políticas, y la negativa a
proporcionarles atención sanitaria hacen de este país un lugar inhóspito hacen
que los ciudadanos clamen por un cambio que los partidos tradicionales no saben
ofrecer.
El PP, actualmente en el Gobierno, lleva a cabo
unas políticas dirigidas exclusivamente a beneficiar a la oligarquía económica
y financiera, a la vez que está sumido en un episodio de corrupción que no
acaba de concretarse y juzgarse, es incapaz de llevar a cabo políticas que
beneficien a la ciudadanía a la que trata como su enemigo en el momento que
pretende responder o protestar ante medidas que la perjudican.
Por otra parte el PSOE, que se postula como
alternativa de Gobierno, y se proclama seguro de relevar al PP en La Moncloa,
apenas tiene nada que ofrecer a una ciudadanía muy cansada de abusos, de una
desigualdad galopante y un paro insoportable y para la que el partido,
supuestamente socialista, de la oposición no tiene alternativas distintas a las
del PP, puesto que proclama incansablemente su decisión de hacer frente a la
totalidad de la Deuda, y sus dirigentes afirman ufanos que “el PSOE es un
partido responsable que siempre hará frente a los compromisos’. A unos
compromisos contraídos con los especuladores internacionales, porque los que se
supone debería tener con sus electores los laminó el día en que se puso de
acuerdo con el PP, al servicio de Merkel y la banca alemana, y modificó el
artículo 135 de la Constitución.
Ese es el país que tenemos en el presente, a nadie
debe extrañar por lo tanto que la ciudadanía vuelva los ojos a opciones como
Podemos que ofrece otra economía y la posibilidad de auditar la Deuda para no
tener que asumir las costosísimas deudas ilegítimas contraídas en contra de los
derechos de la población. Porque eso es lo que consta en el programa económico
de Podemos, y no la negativa a pagar la totalidad de la Deuda.
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