Gobierno y prensa ocultan el plazo dictado por la UE para detener ejecuciones hipotecarias en marcha.

“¡¡ Queda menos de un mes!! ¡¡Pásalo!!”, es el mensaje que se están enviando abogados que se ocupan de casos de desahucios ante la ausencia de información oficial y mediática de una reforma de la ley hipotecaria que permitirá que los afectados por ejecuciones en curso puedan recurrir a un derecho que antes solo tenían los bancos, el de solicitar a los jueces que revisen las cláusulas del contrato hipotecario por si este contiene cláusulas abusivas, como las del suelo.  La situación se ha producido porque Bruselas exigió al Gobierno que cumpliese el fallo del Tribunal Europeo de Justicia, que consideró, ya hace meses, la ilegalidad de la normativa hipotecaria española porque perjudica a los consumidores y usuarios de banca, al impedir que pudieran, como hacen los bancos, apelar la decisión de los jueces.

El Gobierno, presionado por Bruselas, no tuvo más remedio que introducir la  modificación de la Ley Hipotecaria que se recogió en el BOE del día 13 de este mes, de modo casi oculto, publicada entre otras leyes, como hizo en esta ocasión, al ocultar la modificación de la Ley Hipotecaria en una nueva ley concursal, para que no tuviese demasiada repercusión. Al tiempo, los medios al servicio de las financieras y la especulación no dieron tampoco información sobre un cambio legal tan importante, que permitirá que los afectados por desahucios tengan capacidad para denunciar condiciones abusivas que, en muchas ocasiones, son el origen de la dificultad de poder asumir la hipoteca por el volumen dinerario que adquiere esta.

No es esta la primera vez que el Gobierno de Raxoi, al servicio de la oligarquía financiera, pretende ocultar información a los afectados por desahucios y sus abogados: en mayo de 2013 practicó una similar maniobra cuando se vio obligado a modificar la ley hipotecaria tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que impuso medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios que la ley española no contemplaba.

El TJUE exigió que, en casos de ejecuciones hipotecarias, se debe permitir al ciudadano el derecho a que un juez verifique el contrato y compruebe si está afectado o no por cláusulas abusivas, y que la ley española negaba. "El problema es que por la presión de los lobbys financieros, en aquella ocasión la ley dictaminó que sólo los bancos tendrían derecho a apelar la decisión del juez si no estaban de acuerdo. Y eso es lo que han tenido que modificar ahora porque era una aberración legal" precisa Miguel Samper, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía española.

Y si el Ejecutivo, que trabaja constantemente en beneficio de la banca, los especuladores y la oligarquía, ocultó como pudo una modificación legal de suma importancia para personas inmersas en procesos de desahucio –injustamente solo las que están en ese proceso, pues los ya desahuciados no podrán recurrir al mismo amparo y eso es algo que tendría también que ver el Tribunal de Justicia de la UE- los medios afines al PP, y sometidos a juntas de administración de plutócratas o financieras, ocultaron también la información para que no actúen en consecuencia los afectados por una estafa mayúscula orquestada por la banca y auspiciada y protegida por gobiernos que nunca tuvieron la valentía de legislar a favor de la equidad y los ciudadanos, siempre sometidos a las presiones del dinero.

Tan solo un medio digital, eldiario.es, recogió una información vital para cientos de miles de personas que están en riesgo de perder sus viviendas a causa de una ley hipotecaria injusta, denunciada por Bruselas y que el Ejecutivo va cambiando en la medida que la UE le ordena que lo haga, dado que su inclinación es la de perjudicar a la ciudadanía para complacer a una banca que viene medrando en este país gracias al latrocinio y el dinero público que se nos exige pagar a los ciudadanos por rescatarla.

La información, restringida por los medios, no ha tenido la repercusión que se le tendría que haber dado a una modificación tan importante como para impedir que algunos de los más de los 24.226 que se registraron en los primeros seis meses de 2014, un 13.9% más que en 2013 pese a las reformas legales y las presiones de Bruselas, puedan recurrir contra el abuso de los desahucios.

Esas medidas representan un drama social que ha llevado a que se registre una elevada cifra de muertes por suicidio. Según las estadísticas los casos de suicidio constituyen la primera causa de muerte violenta, por delante de los accidentes de tráfico. Muertes relacionadas en muchas ocasiones con desahucios aunque no existan estadísticas que recojan estos datos, y, además, en multitud de ocasiones, se oculten en los medios.

Ante una situación como esa, el actual Gobierno, en lugar de proporcionar a los ciudadanos armas legales para evitar los desahucios, cuando se ven presionados por Europa para legislar de forma que consideran perjudica a los bancos, ocultan las modificaciones legales, con la colaboración de medios sin dignidad al servicio del poder del dinero.

Los organismos internacionales tendrían que saber de estas argucias del Ejecutivo del PP, para, una vez más, imponerles directrices que impidan engañar y ocultar información a los ciudadanos. Porque está visto que por voluntad propia, el actual Gobierno del PP, como hizo antes el PSOE, prefieren servir a la banca, que perdona los créditos que tienen con ella, o les ofrecen puestos de importancia una vez dejan las poltronas políticas.