Adiós a los jueces incómodos: Garzón, Silva, Ruz y ahora Castro obligados a abandonar los sumarios de corrupción.

En este blog se viene repitiendo, no sin desánimo, que en este país hace mucho tiempo que se enterró a Montesquieu, el jurista y filósofo francés de la ilustración que sentó las bases de la separación de poderes, que caracteriza a las democracias modernas. Y que en este país no existe más que como un eslogan propagandístico porque, en la realidad, tal separación es una entelequia, dado que el partido en el Gobierno actual maneja los órganos judiciales a su antojo, después de haber colocado en el CGPJ, en el Tribunal Supremo, en el Constitucional y en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autonómicas y en las Audiencias, a jueces siempre inclinados a favorecer los intereses del partido en el Gobierno. La acusación podría parecer dura, si no existiesen pruebas que demuestran que muchas casualidades responden siempre a una causalidad. 

 

La cacería contra los jueces incómodos se inauguró con el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón que, tras las denuncias de un exconcejal de Majadahonda, Luis Peñas, empezó a investigar, el caso Gürtel, denunciado  inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción, y que comenzó a sr instruido por Baltasar Garzón. Entonces aún no se conocía la magnitud de ese caso, aún sin juzgar pese a que la investigación comenzó en 2007, entre otras cosas por las muchas trabas que como acusación particular ponía el PP, hasta que fuera expulsado por Ruz. Las teorías sobre la caza contra Garzón se dividen entre quienes piensan que fue fulminado para evitar que investigase el caso Gürtel, que acabó siendo ‘el caso PP’, y quienes atribuyen la implacable caza contra el Magistrado de la Audiencia Nacional, por su iniciativa de investigar los crímenes del franquismo. En cualquier caso, Garzón era un juez incómodo para el PP y se lo quitó de encima. 

Tras la escandalosa expulsión de Garzón asumió el caso el Juez Ruz, que continuó investigando a la trama Gürtel, y que acabó desvelándose como el de la financiación ilegal del PP, después de que se descubriese que el citado ‘Luis el cabrón’ en aquel maldito pendrive que llevó a la cárcel al cabecilla de la trama, Francisco Correa, no era otro que el tesorero del PP, Luis Bárcenas. El resto de tesoreros del PP están ahora imputados en la pieza separada del caso Gürtel, conocido como Caso Bárcenas que, de haber justicia de verdad en este país, acabaría sentando en el banquillo al propio presidente del Gobierno y del PP, Mariano Raxoi. La solución para poner coto a la cauta, aunque demoledora, instrucción del juez Ruz, al que en un principio acogieron con agrado, pensando que se sometería a los dictados de la acusación particular del PP, fue la de considerar que el tiempo de suplencia había pasado para él y la decisión del CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, magistrado muy afín al PP, fue la de sacar a concurso la plaza de Ruz, a ver si el próximo magistrado que recale en ese juzgado es más tolerante con la corrupción del PP, y con las pruebas que es posible lo condenasen, de seguir profundizando en la comisión de infinidad de delitos de financiación ilegal, blanqueo de dinero y delitos electorales, y de ser la Justicia real y democrática.  

Otro caso igual de escandaloso fue el del juez titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid, Elpidio José Silva que, por investigar y encarcelar al corrupto banquero Miguel Blesa, el estafador de preferentistas y saqueador de Caja Madrid, acabó siendo expulsado, lo mismo que Garzón, de la carrera judicial. A Elpidio José Silva no solo se le arrojó del juzgado del que era titular y se le inhabilitó durante casi 20naños, sino que se hizo de él chivo expiatorio y aviso para navegantes: quienes osaran molestar al poder acabarían fuera de la carrera judicial y siendo el hazmerreír de la sociedad. Y no repararon en medios para lograrlo. La prensa afín al PP –prácticamente toda- se dedicó, durante meses, a presentar al juez como un tipo excéntrico, moroso, o hasta maltratador, después de que una loca, que desapareció al poco de hacer su acusación, pretendió que se le juzgase por brujería, en uno de los episodios más ridículos de la Justicia, protagonizado por un juzgado y la prensa sumisa al poder. 

Y para, de momento, finalizar con el repaso a jueces incómodos, en un país en el que los políticos neoliberales pretenden que la gente se jubile cuanto más tarde mejor, la Audiencia de Palma acaba de rechazar la petición del juez José Castro para que se le conceda una prórroga en su jubilación, con el fin de poder seguir instruyendo el caso Palma Arena y la financiación ilegal del PP en Les Illes Balears. La sala de Gobierno del Tribunal Superior de Baleares, de manera unánime, le advertía hoy de que su petición de seguir un lustro más, después de que en diciembre cumpla los 70 años, no tiene encaje legal, ya que la figura del juez emérito es aplicable únicamente a miembros de tribunales como el Supremo y otros, pero no para un juez de instrucción. Para jueces de la casta, para entendernos, siempre sumisos a los dictados del poder. 

No es nuevo en nuestro país el entierro sistemático de monsieur Charles Louis de Secondat, más conocido como Barón de Montesquieu. Alfonso Guerra, vicepresidente de varios gobiernos de Felipe González, y muy aficionado a las frases lapidarias, sentenció en los años ochenta “Montesquieu ha muerto” y mucho debía saber de su fallecimiento puesto que fue el gobierno del que era vicepresidente quien lo asesinó a la hora de idear el nombramiento de los magistrados del CGPJ, creado con la Constitución, por parte del Parlamento. Aunque el golpe de gracia a la separación de poderes lo dio el Gobierno de Aznar, cuando decidió, con su mayoría absoluta, que al Presidente del CGPJ y del Supremo lo elegirían las Cortes (Congreso y Senado). En una de las muchas falacias que contó el PP en la campaña de las elecciones de 2011, aseguró que cambiaría las reglas para que los integrantes del CGPJ fueran elegidos tan solo por jueces. Como otros tantos asuntos fue solo una mendacidad más que no estaba dispuesto a cumplir, como hizo con otras muchas de sus ofertas electorales.

Y es que a la hora de manejar la Justicia a su antojo, con el fin de evitar los casos de corrupción que acosan al partido en el Gobierno prosperen, los jueces afines no paran mientes para que dirigentes del PP no acaben sentados en el banquillo de los acusados. En una de esas acciones, propias de repúblicas bananeras, hoy se sabía que la Audiencia de Madrid extravió el auto de instrucción del borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, reclamados por el juez Ruz. Una de las acusaciones particulares personadas en la causa de los papeles de Bárcenas, presentó una querella contra el PP por la “destrucción u ocultación” de pruebas en octubre de 2013. Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 32, comunicaba que la causa se perdió y que el viernes deberá acudir para entregar de nuevo toda la documentación. El juzgado nº 32 rechazó la querella, de acuerdo al criterio de la Fiscalía, que en estos casos viene actuando como abogado defensor de corruptos, pero Izquierda Unida recurrió en apelación. Catorce meses después, y sin que se conozca aún si el caso llegó siquiera a la Sala, la causa ha desaparecido. Fuentes de la acusación lamentan que se hayan perdido 14 meses sin que haya, por el momento, una explicación. 

No son casualidades, sino causalidades que, junto con la eliminación de jueces incómodos, muestran que la calidad de la Justicia en este país es ínfima y que hace lustros que se asesinó a Montesquieu.