Las campañas con dinero negro del PP: València el reino de todas las corrupciones.

El PP del País Valencià entregó cuentas falsas al Tribunal de Cuentas para ocultar la financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008. Y por ese delito la Fiscalía Anticorrupción pide penas de 8 años de cárcel para Ricardo Costa –entonces secretario general del PPCV- y Vicente Rambla –vicepresidente del Consell de Camps- así como 17 años para Álvaro Pérez, el amiguito del alma de Camps, y 12 para Pablo Crespo, estos dos últimos como presuntos corruptores de la trama Gürtel.

Cuatro años fueron necesarias para instruir un caso de corrupción que circulaba de boca en boca en el País Valencià desde hace lustros, aunque nunca acababa de substanciarse. Y que se queda cojo para muchos, al ver que el máximo responsable del PP valenciano en aquellos años, Francisco Camps, el expresidente al que la policía grabó una conversación con Álvaro Pérez que causó alipori, cuando el entonces Molt Honorable –que dejó de serlo al conocerse el diálogo- llamaba al gerente de la trama Gürtel ‘amiguito del alma’. Eran los tiempos en los que Camps, más que como presidente del Consell, actuaba como un dictadorzuelo beato y bananero.

Años en los que el dinero de las arcas valencianas se iba a chorros por el sumidero de la indecencia y la corrupción entre aves marías, procesiones, fallas y Gran Premio de Fórmula1. Una época en la que el PP ganaba elecciones por mayorías absolutísimas, jugando con ventaja porque las financiaba con dinero negro, el que provenía de empresarios afines, a los que el Consell concedía contratos públicos a dedo, repartiéndose con los agraciados los beneficios de los sobrecostes hurtados al pueblo. Décadas en las que empresarios corruptos y delincuentes, como Ángel Fenoll, presumían de comprar votos para el PP en la Vega Baja alicantina, el ‘granero de votos del PPCV’, que siempre arrasaba en unas elecciones que eran una mera trampa, como lo eran los multitudinarios mítines que retrasmitía triunfalmente una televisión supuestamente pública -la RTVV, conocida como Canal NO-DO, y cuyos responsables también acabarán sentándose en el banquillo aunque Fabra la cerrara-. Aquellas campañas multitudinarias se nutrían no solo de entusiasmados peperos, sino de inmigrantes –los mismos que el PP persigue y desprecia- a los que, con el dinero negro de sus ilegalidades, pagaban autobuses, bocadillos y algún sobrecito que otro para que hiciesen bulto.  

Era mucho lo que se jugaba la cúpula del PP en elecciones en las que dependía de su triunfo el poder seguir manteniendo el estilo de vida ostentoso, de nuevos ricos beatos y fascistoides que los caracteriza.

Las trampas de la falsedad democrática perpetrada por el PPCV que se confirma con el procesamiento de Costa y Rambla no están únicamente en las manipulaciones electorales. Durante los casi veinte años que viene gobernando en el País Valencià  son muchos los asuntos que aún están sin desvelar, pese a la infinidad de escándalos que se han ido conociendo. Durante lustros todo el mundo sabía que el negocio de las basuras era tan sucio éticamente como la materia que trataba; tuvo que investigarse el caso Brugal para que se confirmase. Como se han acreditado judicialmente los latrocinios perpetrados en la depuradora de València o las trampas en la concesión de terrenos a Ikea en Alacant.

Aún quedan asuntos que los valencianos esperan que caigan en manos de un juez, del mismo modo que cayeron los papeles que demostraban que el conseller Blasco se enriquecía a costa del dinero que debería haber ido a países subdesarrollados; como la ominosa cuestión del alquiler de aulas prefabricadas para instalar colegios, que al final cuestan más que construir centros docentes como es debido. Eso sin hablar de los ‘beneficios’ que pudieran haber enriquecido al PP y a sus dirigentes por las obras megalómanas de la época de Camps que, junto con la locura del Gran Premio de Fórmula1, dejaron exánimes las arcas del País Valenciá.

La pregunta que queda en el aire es por qué Camps no está procesado en esa causa, como debería estarlo también Raxoi, dado que una de las campañas financiada ilegalmente fue la de las generales de 2008 y algo debiera saber. Como algo tendría que conocer el actual Presidente del Gobierno de la financiación ilegal en Les Illes Balears, que también está bajo investigación judicial, por la compra de la sede del PP en esas islas, inaugurada a golpe de hisopo, mitra y la sonrisa corrupta de Jaume Matas.

La crónica de lo acontecido en los últimos 19 años de gobierno del PP en el País Valencià es la de un latrocinio, una estafa democrática, un constante reírse del pueblo por parte de los desvergonzados dirigentes populares que camparon a sus anchas gracias a las mayorías absolutas logradas con trampas y la inanidad de una oposición que, no se sabe si comprada o torpe, fue incapaz de plantar cara a los abusos y estafas de un partido político que hizo de las tierras del Conqueridor su coto privado, el cortijo en el que satisfacer todos sus caprichos a costa del dinero y la dignidad de los ciudadanos.

El PP del País Valenciá fue el que dio, gracias a sus trampas electorales, el impulso y la victoria a un mediocre político sin ética ni decencia, el actual Presidente del Gobierno, Mariano Raxoi. Es de esperar que la revelación de la financiación ilegal de esa formación, que mintió al Tribunal de Cuentas, sea también la impulsora de una realidad que, sin duda, se produjo en todo el Estado, la consecución de una victoria electoral conseguida con trampas y por lo tanto ilegal.

No se entiende cómo el Tribunal Supremo o el Pueblo Soberano, no exigen la inmediata dimisión del actual presidente del Gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones. Porque un país democrático no puede estar gobernado por tahúres.