Raxoi
y Pedro Sánchez hablan continuamente del riesgo del ‘populismo’ de los partidos
emergentes que no forman parte del bipartidismo existente desde la transición,
el sistema que consideran debe perpetuarse para garantizar, y prolongar, el
establishment que rige la sociedad desde 1978. Fuera de él, a decir de los
dirigentes de ambos partidos políticos, solo existiría el caos, la pérdida de
la democracia, de valores y derechos de lo que ellos consideran una sociedad inamovible
y digna de ser conservada incólume y a salvo de otras aventuras.
Los
titulares de prensa, o de informativos televisivos, reflejan, solo en parte,
porque existe una férrea censura para que la ciudadanía no perciba en su totalidad
las miserias del sistema, qué clase de sociedad, es la que los representantes
del sistema del bipartidismo quieren perpetuar.
“Javier
Marín, Consejero Delegado del Banco de Santander cobrará como prejubilado, a
los 48 años, 800.000 euros anuales”, “Amparo Pérez, una mujer de 86 años muere
de parada cardiorrespiratoria el día de su desahucio”. “Sánchez Barcoj pudo
falsificar la firma de Verdú para disponer de otra tarjeta black”, “Los
directivos de Iberdrola ganan al año un 25% más pese a las pérdidas de la compañía”.
“Rodrigo Rato cree que la fianza interpuesta
los directivos de Bankia y a la entidad podrían causar graves daños al
sistema”. “Los directivos del IBEX aumentaron su salario en un 25%”. “Uno de
cada cuatro trabajadores cobra el 50% del salario mínimo”. “Los salarios más
bajos perdieron un 70% de poder adquisitivo desde 2007”. “La CEOE quiere
abaratar aún más los sueldos y propone indemnizaciones de 12 días por año para
los despidos de jóvenes”. “La Comunidad de Madrid gasta en publicidad sobre
sanidad 2.7 millones de euros en publicidad de su sanidad y 1.4 en publicidad
de Educación pese a los recortes”. “La luz subió un 60% más que los salarios
desde 2008”. “Muere el tercer sin techo en València en el mes de febrero”. “Madrid
paga primas a jueces a través de una empresa privada.” (entre ellos el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira). “La
Audiencia de Madrid pierde el sumario del borrado de los ordenadores de
Bárcenas”. “Desde que comenzó la crisis la banca recibió 216.000 millones de
dinero público”. “Caja Madrid multiplicó por veinte el sueldo de sus consejeros
para asegurarse su lealtad”. “Desahucio inminente en Ourense de una familia con
un bebé de tres meses por deber siete meses de impagos al no poder hacerle frente a un alquiler de
310 euros”. “Banco Santander falsificó la firma de dos jubilados para
colocarles subordinadas de Fagor” “El Santander despide por
"ineptitud" a una empleada traumatizada por un atraco”. “España es el
país con mayor desigualdad social de la eurozona”.
A
la vista de tales titulares es inevitable pensar qué clase de sociedad quieren
perpetuar unos partidos políticos que, para evitar el descontento del pueblo,
solo piensan en la represión como denuncia la ONU, que critica la reforma del
Código Penal y la Ley Mordaza. Así lo hicieron saber cinco relatores de derechos
humanos del organismo supranacional que consideran que esas reformas
legislativas pueden cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos, y
exhortan a su retirada.
A
la vista de muchos titulares de prensa se pone en evidencia la brutal
desigualdad de una sociedad en la que el poder del dinero, bancos, grandes
empresas y políticos, abusan y roban a los trabajadores, imponen una monstruosa
desigualdad que cuesta vidas, a la vez que reprimen las protestas de manera
dictatorial al tiempo que malgastan el dinero público.
El
establishment, cuya necesidad de conservar invocan por igual los dirigentes del
PP y el PSOE, es el mismo en el que una secta, la católica, recibe al año 156 millones de euros de las arcas públicas,
al tiempo que las empobrece al no pagar impuestos como el IBI y está inmersa en
escándalos de pederastia y estafas a ancianitas, sin que la ley caiga sobre los
delincuentes con contundencia, porque existe una bochornosa connivencia del
poder con esa secta que lleva ochenta años imponiendo sus criterios en una sociedad
que, de ser libre y moderna, debiera ser laica y no conceder privilegios a una
religión cuyos popes solo piensan en vivir en la opulencia.
Esta
sociedad, en la que mueren al año cuatro mil personas porque la Sanidad Pública
no les proporciona el medicamento que les salvaría la vida, el Sovaldi, el
mismo sobre el que el PP votó en la UE en contra de que se bajase su precio; en
la que existen 3.2 millones de niños con problemas de nutrición y en la que no
hay datos de los suicidios que causó la crisis pero que algunos expertos creen
que son varios cientos de miles, en la que las libertades formales son
pisoteadas y los trabajadores convertidos en esclavos, es la que los dos
grandes partidos dicen que ha de permanecer sin cambios, que cualquier aventura
electoral que pusiera el Gobierno en otras manos que no fuesen las suyas sería
un riesgo.
¿Un
riesgo para quién?, cabe preguntarse. Y la respuesta es sencilla: Un riesgo
para los estafadores, para los corruptos, para los que con sus decisiones
causan la muerte de miles de personas, el hambre de millones y la desigualdad
en todo un país. Un riesgo para los estafadores que llevan treinta y ocho años
engañando al pueblo.
Fuentes:
CuatroTV, Diario Público, eldiario.es, El País, La Sexta.
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